¿Por qué nos movilizamos?
La actual concesión de Autopistas del Café vence en febrero de 2027. Su mayor accionista, el Grupo Argos, a través de Odinsa, busca firmar una nueva concesión denominada IP Conexión Centro por 30 años más.
Según se ha planteado, esta nueva concesión avanzaría sin socialización, sin transparencia y sin corregir las distorsiones tarifarias ni las distancias entre peajes que afectan a miles de ciudadanos del Eje Cafetero.
Peticiones al Gobierno
Ante este escenario, se plantean varias solicitudes al Gobierno nacional:
- Cancelar la negociación de la IP Conexión Centro. Antes de realizar una nueva concesión, se exige eliminar algunos peajes, rebajar tarifas y dar prioridad a la integración regional.
- Regular tarifas y distancias entre peajes y modificar la Ley 1508 de 2012, señalada por blindar a los privados de entregar información para el control ciudadano y por transferir el riesgo ambiental y de recaudo de peajes a la Nación.
- Establecer mecanismos anticorrupción que permitan hacer seguimiento a la ruta del dinero que entra a los peajes.
- Garantizar equidad territorial, de manera que lo recaudado en cada peaje sea invertido en obras viales de la región donde está ubicado.
- Incluir a la ciudadanía en la negociación de concesiones viales mediante mecanismos de participación efectiva.
- Construir la doble calzada La Paila–Calarcá, obra de interés nacional, con recursos del peaje Corozal y otras fuentes de financiación nacional.
¿Qué está en juego?
De acuerdo con lo planteado, el debate alrededor de la concesión implica varios puntos clave:
- Más de 10 billones de pesos que podrían ser recaudados en 30 años sin una inversión justa ni mejoras proporcionales en las vías internas del Eje Cafetero.
- La administración de peajes en manos privadas sin control social o político y sin posibilidad de exigir cuentas sobre el recaudo, al considerarse información confidencial.
- Una nueva concesión que podría prolongar el modelo actual de peajes hasta el año 2057.
- La oportunidad de discutir un modelo de obras viales público-privado que sea justo, transparente y territorialmente equilibrado para la región.
