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Entre más conozco casos de peajes injustos en todo el país, más claro tengo que es necesario replantear la forma de financiar los proyectos de infraestructura vial. Si bien los peajes cumplen un papel importante en el mantenimiento de las vías, su uso se ha exagerado al punto de recargar en sólo peajes la financiación de grandes proyectos de desarrollo vial. La propuesta de la IP Conexión Centro del grupo Argos – Odinsa, para mantener 7 peajes por 30 años más en el Eje Cafetero, es un claro caso de la falta de empatía que se tiene desde un sector de la sociedad con los ciudadanos afectados por los peajes.

Este debate, que en principio suena populista y de esa manera lo descalifican, no se trata de apoyar o no las concesiones. Es claro que para grandes proyectos de infraestructura, la participación del sector privado es necesario, no sólo porque tiende a ser más eficiente en la ejecución, si no por su experticia en el desarrollo de proyectos complejos. El problema que se busca resolver es la falta de transparencia y el impacto negativo (que no ha sido medido) que han causado tantos peajes en el territorio nacional y en el bolsillo de los ciudadanos que viven alrededor de los mismos, con el agravante de las negociaciones que se realizaron en gobiernos pasados, donde los riesgos por la disminución de los ingresos de los peajes causados por tarifas diferenciales, manifestaciones, no paso de vehículos y congelación de tarifas por decreto 050 de 2023 son asumidos por el gobierno y su Agencia Nacional de Infraestructura – ANI-.

En el caso de Autopistas del Café, el gobierno nacional transfirió a la concesión $877 millones por concepto de afectación de la pandemia. Por este concepto, la ANI compensó a las concesiones en 4 billones de pesos. Entre 2012 y 2024, la ANI ha debido compensar a todas las concesiones 6 billones de pesos (Derecho Petición, ANI) y actualmente la Contraloría General (Cuyo delegado para infraestructura trabajó en la ANI) emitió un comunicado advirtiendo el pago de 1 billón de pesos por concepto de congelación de tarifas en 2023. La pregunta es ¿quién realizó estas negociaciones tan desbalanceadas para la nación? ¿Por qué no les parece obvio que la ciudadanía se manifieste ante la imposición de peajes que han aislado comunidades, municipios y afectado económicamente el bolsillo de ciudadanos que deben pasar constantemente por ellos? ¿Dónde estuvieron los políticos regionales defendiendo a la ciudadanía?

Varias concesiones fueron firmadas a 20, 30, 40 años en los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Uribe. Incumplir los términos genera sanciones para el gobierno nacional, lo que deja maniatado al actual gobierno para poder actuar promoviendo un modelo más equitativo para la región y sus municipios. Sin embargo, en el Eje Cafetero está la oportunidad para replantear un modelo de negociación más justo, en el que se exploren fuentes de financiación no basadas en peajes, se eliminen 4 de los 7 peajes de la actual concesión, dejando uno entre Manizales y Pereira, bajar tarifa del peaje entre Pereira y Armenia y mantener el de Corozal. Este último podría cofinanciar la obra entre La Paila y Calarcá.

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