¡Colombianos, abran bien los ojos! El Congreso, en una sesión exprés y sin pudor, aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $546,9 billones. No es para el progreso: es un cheque en blanco para el despilfarro. El gasto de funcionamiento se infla 9,1% hasta $359,3 billones –sueldos, oficinas y caprichos–, mientras la inversión pública crece una décima parte 0,9% a $84,7 billones. El servicio de la deuda devora el 19% ($102,4 billones) por errores pasados y el desastre actual.
Petro le recorta al sector de Deporte y Recreación 36,3% ($170 mil millones menos). ¿Adiós a deportistas olímpicos y a escenarios juveniles? Le quita a Agricultura 26% ($1,3 billones menos) -y eso que tanto habla de los campesinos-; se le olvida que el agro representa el 7% del PIB. Reduce Vivienda en 17% ($1,5 billones menos), en un contexto de dos años de caída del PIB de construcción: -3,5%.
En medio de esta crisis de seguridad Petro decidió no aumentar siquiera lo correspondiente al IPC en el gasto de seguridad. Es decir, también recorta la seguridad.
Petro pretende gastar lo que no tiene. Al presupuesto le faltan $16 billones –o hasta $29,4 billones reales–. ¿Solución? Imponer una nueva reforma tributaria que nos exprimirá hasta el último peso.
La otra alternativa es endeudarse más, lo cual ya es absolutamente irresponsable. La deuda ya es $1.138 billones (septiembre 2025), y se suma a un déficit de $168,7 billones en un año: dos veces la inversión de 2026. Es la deuda más alta de la historia, incluso por encima de la pandemia, y sin COVID.
El artículo 90° del proyecto de Presupuesto es un cheque en blanco. Cuando se levante la suspensión de la reforma pensional, le permite a Hacienda—por simple decreto y sin debate— mover plata del Ministerio del Trabajo al DPS para financiar el pilar solidario. Es un “mico” que habilita redirigir fondos del ahorro de la pensiones privadas al DPS para gastarlos en subsidios, al amparo de la reforma pensional.
Y, claro, la plata que el Gobierno debía aportar desde el presupuesto nacional para esos subsidios se la gastarían en otra cosa. Es decir, terminarán apropiándose del ahorro pensional de los colombianos: con ese ahorro pagan los subsidios que hoy se cubren con el presupuesto, se ahorran ese gasto y liberan caja para otros fines.
Y viene la pregunta: ¿quién y de dónde se pagará las pensiones de quienes estaban ahorrando? Ahí se revela la crueldad de la reforma pensional: la pagarán los jóvenes, los niños y los bebés de Colombia. Esa deuda impagable hace muy incierto el futuro de las pensiones sobre todo porque la población colombiana ya no está creciendo. Eso significa que habrá muchos más viejos que jóvenes y, por lo tanto, el esfuerzo de los jóvenes para mantenerlos será enorme.
Por eso, demandaremos ante la Corte Constitucional por vicios de trámite este presupuesto, como lo hicimos con la pensional. La votación en el Senado fue sin debate, proposiciones ignoradas y presiones inconstitucionales. Como con la reforma pensional, probaré la violación de la ley y de la Constitución.
Pero en medio de tanto desastre tengo la ilusión de que la nefasta reforma pensional se caiga. El Magistrado Ibáñez, valiente protector de la Constitución y la ley, radicó una ponencia para tumbarla, como debe ser. Es una reforma que atropelló todo el proceso, no dio garantías a la oposición y lo peor, tiene votos pagados con dinero de la Unidad de Riesgo. Dejar viva una reforma producto de la corrupción y el pago de dádivas a congresistas y que, además, violó los procedimientos, sería un acto de deslealtad a los principios de la decencia y, sobre todo, la muerte del respeto por la Constitución.
