El 28 de julio se conocerá la decisión (en primera instancia) del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Sea cual sea la decisión, una cosa es clara. Nada después de esto será como antes.
Culpable o no, la imagen del expresidente y del Centro Democrático no podrá ser restaurada. Después de la sentencia, nadie podrá olvidar como, en medio de un debate en el Congreso de la República en 2014, el congresista Iván Cepeda sacó a relucir información, vinculando a Uribe con grupos paramilitares en Antioquia.
Nadie olvidará como Uribe salió inmediatamente del Capitolio Nacional y embejucado (y me imagino que rojo de la piedra) recorrió los 350 metros que separa al legislativo de la Corte Suprema de Justicia para interponer una denuncia contra Cepeda por los delitos de abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal.
Nadie olvidará como al expresidente le salió el tiro por la culata, cuando luego de 4 largos años, en febrero de 2018 la Corte concluyó que no había encontrado que Cepeda hubiera cometido los delitos denunciados, pero si había encontrado suficientes indicios de que el expresidente había manipulado testigos para inculpar al senador del Polo Democrático, anunciando la apertura de la investigación contra Uribe Vélez.
Ningún colombiano podrá olvidar como Álvaro Uribe Vélez en un acto de cobardía disfrazada de “decencia” renunció a su investidura como senador de la República para evitar las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y arrastrarse a los brazos del exfiscal general Francisco Barbosa, compinche de su entonces protegido Iván Duque, para obtener el cierre prematuro de su investigación y su consiguiente declaración de inocencia. Todo esto a pesar de que el expresidente juró que jamás renunciaría al Senado para evadir a la Corte.
Y así fue como el expresidente recibió la ayuda de dos fiscales que enfocaron todos sus esfuerzos en impedir que Uribe Vélez fuera juzgado. Ya es anecdótico cómo la Fiscalía se empeñó tanto en dejar a un lado su función constitucional de investigar los delitos y proteger a las víctimas para defender al acusado.
