El 9 de diciembre, día Internacional contra la Corrupción es la excusa ideal para mostrar con un ejemplo, cómo las malas prácticas de corrupción lejos de disminuirse han aumentado y su normalización es ya generalizada. El proceso de adjudicación de $634.000 millones para Aerocafé con un solo oferente y riesgos claros de corrupción que no han sido tenidos en cuenta por el gobierno nacional, es un caso de estudio pertinente.
La corrupción se expresa en hechos consumados y en los riesgos que la hacen posible. Según Transparencia por Colombia, un riesgo de corrupción es “toda condición institucional, política o administrativa que facilita la desviación de recursos públicos, la captura de decisiones por intereses particulares o la falta de sanciones efectivas frente a irregularidades”. Bajo esa definición, el proceso de adjudicación de Aerocafé concentra varios de esos riesgos:
En primer lugar, los antecedentes de corrupción son inocultables. En el año 2021 la CGR imputó responsabilidad fiscal a constructores e interventores, señalando que los terraplenes construidos eran inútiles y representaban un detrimento patrimonial. En segundo lugar, el nombramiento del gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé, Fernando Merchán ha estado rodeado de irregularidades, en medio de cuestionamientos sobre conflictos de interés. A esto se suma que el actual Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura de la CGR, Luis Fernando Mejía Gómez, Ex Gerente de Aerocafé (2010 – 2014, 2020), ex asesor de vicepresidencia entre 2014 y 2016 y Ex directivo de la ANI (2016 – 2018), es el funcionario encargado de emitir concepto de no sanciones sobre las empresas del único consorcio proponente. Esta “puerta giratoria” y doble condición compromete la independencia del control fiscal y plantea un conflicto de interés evidente, pues quien debe emitir concepto favorable a los proponentes tiene vínculos directos con la historia administrativa del proyecto y los proyectos de concesión vial de los proponentes. La presencia de un ente de control con intereses cruzados no solo debilita la credibilidad institucional, sino que refuerza la percepción de captura y favorece la opacidad en decisiones clave.
El tercer riesgo es la presencia de un único proponente en la licitación: consorcio Aeropuerto del Café SK, integrado por KMA Construcciones y Sonacol. La ausencia de competencia real en un proceso de contratación pública es un signo de alerta, pues limita la posibilidad de comparar ofertas y aumenta la probabilidad de que se repitan prácticas cuestionables. Que las mismas empresas investigadas en otros proyectos sean las únicas en carrera refuerza la idea de que el sistema permite la reincidencia. El cuarto riesgo es la coincidencia con época electoral lo que incrementa la percepción de que los recursos y las decisiones sobre Aerocafé pueden ser instrumentalizados para fines políticos. Esto explica además el escaso control político sobre este proyecto.
Finalmente, la ausencia de sanciones efectivas en el pasado constituye un incentivo perverso. Aunque hubo imputaciones fiscales y disciplinarias, muchos procesos se archivaron y no se aplicaron sanciones ejemplares. Esa impunidad envía el mensaje de que desviar recursos no tiene consecuencias, y abre la puerta para que las mismas prácticas se repitan. Aerocafé es, en suma, un espejo de los riesgos que Transparencia advierte como estructurales: antecedentes de corrupción, irregularidades en la administración, concentración de oferentes, contexto electoral y falta de sanciones.
