Las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila generaron una fuerte controversia política en Colombia. El mandatario advirtió que abriría investigaciones a quienes promuevan la desobediencia al jefe de Estado, insinuando que estas acciones podrían constituir sedición. La respuesta de Dávila no se hizo esperar: aseguró que sus actos están enmarcados dentro de la democracia y calificó la reacción de Petro como un intento de intimidación.
Petro acusa de sedición a Dávila y a otros precandidatos
Durante un discurso, el presidente Gustavo Petro recordó que, en su momento, pidió a soldados estadounidenses desobedecer órdenes de Donald Trump, hecho que le generó críticas en el extranjero. Ahora, en Colombia, cuestionó que Vicky Dávila hiciera un llamado similar en Antioquia, pidiendo que no se obedecieran sus órdenes como presidente. Según Petro, este tipo de manifestaciones podría considerarse como un delito contra la Constitución, particularmente sedición, lo que abriría la puerta a investigaciones judiciales.
Aunque no mencionó directamente a Dávila, el mensaje estuvo claramente dirigido a sus recientes declaraciones en Sabaneta (Antioquia), donde con un megáfono en mano, hizo un discurso comparado con el que Trump pronunció en Times Square. Petro aseguró que el país no puede permitir llamados a la desobediencia contra la figura presidencial y reiteró que su deber es garantizar el orden institucional.
La respuesta de Vicky Dávila: “No me intimidan”
La reacción de Vicky Dávila fue contundente. En entrevista con Caracol Radio, la periodista y precandidata presidencial afirmó que no tiene miedo y que está lista para enfrentar cualquier investigación que se le abra. “No es sedición, es decencia”, afirmó, señalando que su llamado no busca quebrantar el orden democrático, sino defender principios básicos de respeto a la Constitución y a la ciudadanía.
Dávila agregó que lo que vive Colombia es un intento del presidente de “acallar voces críticas” y que su papel como periodista y ahora como precandidata es cuestionar al poder. Además, recalcó que no está haciendo nada “por fuera de la ley” y que su actuación se ajusta al marco democrático. En su pronunciamiento, insistió en que defender la institucionalidad no puede confundirse con delitos políticos.
¿Qué implica la acusación de sedición en Colombia?
El señalamiento de sedición abre un debate jurídico y político. Según el Código Penal colombiano, se trata de un delito relacionado con la alteración del orden constitucional, en el que se incita a la rebelión contra las instituciones. Para analistas, es una figura grave que históricamente ha sido usada contra levantamientos armados, no contra discursos políticos de oposición.
Diversos sectores políticos han advertido que el uso de este concepto por parte de Petro puede ser interpretado como un intento de limitar la libertad de expresión. Organizaciones defensoras de la democracia sostienen que, en el marco de una contienda electoral, los precandidatos tienen derecho a expresar sus posturas, incluso cuando estas cuestionan al gobierno en ejercicio.
La controversia también ha puesto en el centro el papel de la oposición en Colombia y las tensiones que acompañan el proceso hacia las elecciones presidenciales de 2026. Varios precandidatos han respaldado a Dávila, señalando que el país necesita un debate abierto y sin amenazas judiciales.
¿Un pulso político rumbo a las elecciones de 2026?
El cruce entre Petro y Dávila refleja el clima de polarización que vive Colombia. Mientras el presidente insiste en que la institucionalidad debe respetarse, la precandidata denuncia persecución y defiende su derecho a cuestionar al gobierno. Este choque puede marcar el inicio de una campaña electoral cargada de tensiones, en la que la libertad de prensa y el alcance de la oposición serán temas centrales.
En medio de la polémica, la pregunta es si este episodio terminará en un proceso judicial o si se diluirá como un enfrentamiento político más en el camino hacia 2026. Lo cierto es que, en plena etapa preelectoral, cada declaración suma al ambiente de confrontación que marcará los próximos meses. ¿Se trata de un simple debate democrático o de un precedente riesgoso para la libertad de expresión en Colombia?
