El expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su defensa de la controvertida Operación Orión , realizada en 2002 en la Comuna 13 de Medellín, luego de los recientes hallazgos de restos humanos en La Escombrera, una de las fosas comunes más grandes de América Latina. Uribe aseguró que dicha intervención militar fue una acción conjunta con las instituciones del Estado, cuyo propósito era “recuperar la seguridad y liberar a la población de la opresión de grupos armados ilegales”.
En un mensaje difundido en redes sociales, el líder del Centro Democrático afirmó que “no fue una operación para arrasar”, como han señalado algunos críticos, y subrayó que en esa época la guerrilla y otros grupos criminales eran responsables de múltiples homicidios y desapariciones en la zona. “Es necesario que la justicia actúe sin sesgos políticos ni ánimo de venganza”, agregó, en clara referencia a las investigaciones adelantadas por la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
Las excavaciones en La Escombrera han reavivado el debate sobre el impacto de la operación en las comunidades de la Comuna 13, donde familiares de desaparecidos continúan exigiendo justicia y verdad. Organismos de derechos humanos han señalado que la intervención dejó una estela de violaciones, mientras que Uribe argumenta que “fue un esfuerzo legítimo para proteger a los ciudadanos”.
Desde la oposición, sectores políticos han cuestionado las declaraciones del exmandatario, acusándolo de evadir responsabilidades y de minimizar el sufrimiento de las víctimas. Por su parte, Uribe respondió que está dispuesto a “colaborar con la justicia siempre que no se utilicen estos procesos como armas de persecución política”.
El presidente, Gustavo Petro, se refirió sobre el tema con una publicación en X: “La operación Orión, en la comuna XIII, de Medellín fue ejecutada por las entidades que dice el ex presidente Uribe y, está en lo cierto, solo que la Fiscalía, que dirige el CTI, y El DAS estaban en manos del paramilitarismo, y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes: los paramilitares de Don Berna que se quedaron con el territorio y desaparecieron más de 500 personas y desplazaron miles fuera de la comuna”.
El gobernador de Antioquia y otras autoridades locales han solicitado que se avance con las excavaciones en La Escombrera para esclarecer los hechos y dar respuesta a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los líderes sociales también han pedido garantías para que la búsqueda de verdad no quede atrapada en disputas partidistas.
El caso de La Escombrera se ha convertido en un símbolo de los desafíos de Colombia en materia de justicia transicional y reconciliación. Mientras la JEP avanza en la recolección de testimonios y pruebas, la polémica en torno a la Operación Orión refleja la complejidad de equilibrar la necesidad de justicia para las víctimas con el legado de una política de seguridad que marcó una época en el país.
