Tras el reciente atentado contra Miguel Uribe Turbay, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció un refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad para candidatos presidenciales y precandidatos que ya figuran en el panorama electoral de 2026. Esta decisión fue tomada luego de una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, donde el director de la entidad, Augusto Rodríguez, expresó la preocupación institucional por el clima de violencia que comienza a rodear el proceso electoral.
Durante el encuentro, se discutieron los riesgos que enfrentan figuras visibles del espectro político colombiano. Rodríguez confirmó que la entidad ya ha comenzado una revisión técnica de los niveles de amenaza para ajustar los esquemas de seguridad a la realidad actual. La medida incluye a líderes como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Claudia López, Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, quienes han manifestado sus aspiraciones o figuran como posibles contendores en la carrera presidencial.
Precandidaturas en riesgo: el impacto del atentado a Miguel Uribe
El ataque dirigido contra el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ha encendido las alarmas. Aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos, el hecho ocurrió mientras su caravana se desplazaba en el departamento de Meta, lo que puso en evidencia la fragilidad de las rutas políticas en regiones con presencia de grupos armados.
La UNP Colombia respondió con rapidez. Rodríguez aseguró que “estamos revaluando cada solicitud y cada nivel de riesgo con base en las amenazas concretas que ya se han reportado”. También destacó que el ataque no solo representa una agresión contra un individuo, sino que “es un mensaje contra la democracia y el derecho a la participación política”.
Este atentado, que aún está siendo investigado por las autoridades, coincide con informes de inteligencia que advertían un posible repunte de acciones violentas contra figuras públicas. La respuesta institucional ha sido elevar las medidas de protección, reforzando el papel preventivo del Estado frente a las elecciones de 2026.
¿Quiénes están en la lista de protección prioritaria?
La Unidad Nacional de Protección ha identificado a por lo menos ocho figuras políticas con alto nivel de exposición a riesgos. Entre ellas están Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático; la periodista Vicky Dávila, quien ha sido blanco de amenazas por sus investigaciones; y Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y figura recurrente en escenarios presidenciales.
También se han activado medidas para Daniel Oviedo, actual director del DANE, y Enrique Peñalosa, exalcalde de la capital y aspirante presidencial en campañas anteriores. La inclusión de estos nombres en los esquemas de protección no obedece únicamente a solicitudes formales, sino a análisis estratégicos de seguridad, basados en alertas de inteligencia y en la visibilidad pública de estas figuras.
Rodríguez enfatizó que “cada caso se está manejando con absoluta discreción y en coordinación con las fuerzas armadas”. La colaboración entre la UNP, el Ministerio del Interior y el Ejército ha sido clave para implementar protocolos especiales en zonas rurales y urbanas consideradas de alto riesgo.
¿Qué viene para la UNP y los candidatos de cara a 2026?
Con el país a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, la seguridad de los candidatos se ha convertido en un asunto prioritario. En palabras del propio director Rodríguez, el organismo se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia reciente: garantizar que ningún aspirante quede expuesto por falta de previsión.
Además, se está revisando el presupuesto operativo de la entidad, con el objetivo de ampliar la cobertura y modernizar los equipos logísticos. La posibilidad de incorporar tecnologías como drones de monitoreo y vehículos blindados de nueva generación está sobre la mesa.
La ciudadanía también ha comenzado a exigir mayor transparencia sobre el funcionamiento de los esquemas de protección y el criterio para su asignación. En un contexto donde la confianza institucional es vital, la UNP busca consolidarse como garante de la seguridad democrática.
