El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a dos expolicías implicados en el escandaloso caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera del exjefe de gabinete presidencial, Laura Sarabia. Esta decisión ratifica el fallo de primera instancia que responsabiliza a los exuniformados por el uso indebido de herramientas estatales para realizar seguimientos ilegales, sin sustento jurídico ni autorización judicial.
El tribunal concluyó que existió una manipulación deliberada del sistema de inteligencia para justificar una interceptación contra Meza, con el pretexto de que estaría relacionada con una estructura criminal ficticia. Según las pruebas recolectadas, los condenados actuaron con conocimiento de causa, simulando una investigación legítima para encubrir un acto de abuso de poder.
Un montaje al servicio de intereses personales
Durante el juicio se demostró que los agentes utilizaron el nombre de una estructura criminal inventada, supuestamente dedicada al narcotráfico, para solicitar la intervención de las líneas telefónicas de Marelbys Meza. Esta operación se llevó a cabo sin que existiera una investigación formal o un expediente que la sustentara.
El objetivo de la maniobra era obtener información privada de la exniñera, en medio de un episodio político tenso que involucraba a altos funcionarios del Gobierno nacional. La Corte enfatizó que se trató de un uso arbitrario de la capacidad estatal de inteligencia, en contravía de los principios constitucionales y del debido proceso.
Además, se destacó que el uso fraudulento del sistema de interceptaciones no obedecía a una necesidad institucional, sino a intereses personales vinculados con la pérdida de una suma de dinero en la residencia de la entonces jefe de gabinete.
Consecuencias judiciales y políticas del caso Meza
El caso Marelbys Meza se convirtió en un símbolo del riesgo que representa el uso desviado del aparato estatal para fines particulares. Esta condena refuerza la necesidad de garantizar que las herramientas de inteligencia sean empleadas exclusivamente dentro del marco legal y bajo estricta supervisión judicial.
La ratificación de la condena a los expolicías no solo representa un avance en la búsqueda de justicia para Meza, sino también un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a sus deberes constitucionales. El fallo subraya que ninguna autoridad, por elevada que sea su posición, puede emplear los recursos del Estado para asuntos personales.
En términos institucionales, este caso ha provocado cuestionamientos sobre los mecanismos de control al interior de las agencias de inteligencia y ha generado un llamado a fortalecer la supervisión de las labores encubiertas, para evitar que situaciones similares se repitan.
