El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que cuestiona a la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC S.A.S.) por la celebración de presuntos contratos millonarios que, según el recurso, no estarían relacionados con la misión central del sistema de medios públicos. La demanda busca restringir la firma de convenios que se aparten de los objetivos institucionales y exige la publicación completa de los acuerdos celebrados desde 2022.
Este proceso judicial pone bajo la lupa la gestión de la principal empresa de medios públicos de Colombia, en un momento en que se discute la pertinencia de los modelos de contratación interadministrativa y la transparencia en el uso de recursos estatales.
El alcance de la acción popular
La acción popular fue admitida con el argumento de que los contratos cuestionados no tendrían relación con la misión de RTVC, orientada a producir y difundir contenidos culturales, educativos e informativos para los colombianos. Los demandantes sostienen que la empresa habría comprometido grandes sumas de dinero en convenios que desbordan esas funciones, lo cual, a su juicio, afecta los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
El recurso también solicita que se imponga a RTVC la obligación de publicar de manera íntegra todos los contratos celebrados a partir de 2022. Con ello se busca garantizar un mayor control social y rendición de cuentas frente al uso de los recursos públicos.
RTVC bajo escrutinio
La admisión de la demanda revive un debate recurrente sobre el papel de RTVC como operador de medios públicos y la pertinencia de sus alianzas interadministrativas. Críticos del modelo aseguran que, bajo esta figura, se han desviado recursos hacia proyectos que poco o nada tienen que ver con la misión institucional, generando un riesgo de tercerización indebida y pérdida de control estatal sobre los contenidos.
Por su parte, defensores de la entidad señalan que los convenios interadministrativos permiten optimizar recursos y ampliar el alcance de la oferta cultural y educativa. Sin embargo, reconocen que la falta de claridad en algunos contratos puede generar desconfianza y abrir la puerta a cuestionamientos jurídicos y políticos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá determinar si efectivamente se produjo un uso indebido de la contratación y, de ser así, establecer correctivos que limiten estas prácticas en el futuro.
¿Qué está en juego para los medios públicos?
El caso plantea un interrogante central sobre el futuro de la televisión y la radio públicas en Colombia: ¿hasta dónde puede RTVC extender sus actividades sin desnaturalizar su misión?
De un lado, está la necesidad de modernizar y diversificar la oferta mediática para responder a las demandas de la audiencia. Del otro, persiste la obligación de garantizar que los recursos asignados se utilicen exclusivamente en proyectos alineados con la función cultural, informativa y educativa.
La decisión final del tribunal podría marcar un precedente en materia de transparencia y control sobre los contratos interadministrativos en el sector público. También definirá los límites de acción de RTVC en un contexto en el que los medios tradicionales enfrentan presiones por adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo digital.
Si bien el proceso apenas comienza, la admisión de la demanda ya representa un llamado de atención para que la empresa estatal fortalezca sus políticas de rendición de cuentas y haga más accesible la información sobre el destino de los recursos públicos. La discusión, además, invita a reflexionar sobre el papel de los medios públicos como garantes de pluralidad y servicio ciudadano en una democracia que exige cada vez mayor vigilancia a la gestión estatal.
