En el desarrollo de las acciones ofensivas que adelanta la Fuerza Pública contra los grupos armados al margen de la ley en la región del sur de Colombia, las Fuerzas Militares llevaron a cabo una incursión táctica en la zona rural del municipio de El Retorno, ubicado en el departamento del Guaviare. El procedimiento militar, denominado institucionalmente como la Operación Amón, tuvo lugar el pasado 27 de agosto de 2026 y tuvo como objetivo neutralizar un asentamiento de las disidencias de las FARC que delinque en esta parte del territorio nacional. Tras la ejecución del bombardeo e incursión en el terreno, las autoridades informaron sobre la muerte de diez personas en el sitio de las hostilidades.
Con el avance de las labores técnicas y el traslado de las pruebas biológicas hacia las sedes forenses, los organismos judiciales de inspección lograron establecer la identidad de nueve de los diez cuerpos recuperados. Sin embargo, el aspecto más relevante señalado por los reportes de las autoridades encargadas del peritaje ha sido la confirmación de que tres de las víctimas mortales eran menores de edad. Este hallazgo ha puesto nuevamente de presente la grave problemática vinculada al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las estructuras criminales en Colombia, así como el intenso debate ético, legal e institucional sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en operaciones militares de gran escala.
Avances en los peritajes forenses e identificación de los cuerpos
De acuerdo con los informes emitidos por los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las unidades judiciales de la Fiscalía General de la Nación, los procedimientos se han adelantado de manera ininterrumpida desde la conclusión del combate. La labor técnica interdisciplinaria ha permitido corroborar la filiación de nueve de las víctimas mortales mediante cotejos dactilares y análisis de ADN, mientras se prosigue con las verificaciones especializadas para lograr la identificación plena del cuerpo restante.
Las investigaciones preliminares reflejan las complejas condiciones bajo las cuales interactúan estos grupos irregulares en los territorios rurales. La inclusión demostrada de menores en las filas de las disidencias de las FARC obedece a un patrón sistemático de vinculación coercitiva de la infancia, una práctica denunciada de forma persistente por defensores de derechos humanos, entes de control y comunidades locales. Las organizaciones sociales señalan que los frentes al margen de la ley suelen instrumentalizar la vulnerabilidad económica y la distancia geográfica de los centros urbanos para coaccionar o engañar a los adolescentes, usándolos posteriormente en actividades inherentes al conflicto armado.
Alcance de la Operación Amón en el departamento del Guaviare
La Operación Amón fue planificada e implementada tras varios meses de seguimiento y recopilación de datos de inteligencia estratégica. La zona rural de El Retorno constituye un corredor geográfico de suma importancia táctica para las estructuras disidentes, pues facilita el tránsito de pertrechos, el ocultamiento de alijos de narcotráfico, la cobranza de extorsiones a pobladores y comerciantes, y la instalación de campamentos base resguardados por la densa vegetación selvática.
Durante el desarrollo del bombardeo el pasado 27 de agosto, el mando militar buscó impactar de manera directa los centros de comando y logística de estas facciones armadas ilegales. Una vez asegurado el perímetro por parte de las unidades terrestres de la Fuerza Pública, las comisiones de la Fiscalía General de la Nación procedieron con la inspección técnica del cadáver, la recolección de elementos materiales probatorios y la transferencia de los restos para los respectivos exámenes científico-legales.
Debate sobre el reclutamiento forzado y la conducción de hostilidades
Los resultados de este operativo operacional han desencadenado reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad colombiana. Por una parte, voceros de las instituciones gubernamentales y mandos de las Fuerzas Militares revalidan la necesidad de golpear con contundencia a los grupos armados ilegales que atentan contra la seguridad del Estado, la infraestructura nacional y la tranquilidad de la población civil. Según la postura oficial, la neutralización de estos campamentos es un paso esencial para debilitar la capacidad bélica de las estructuras que se negaron a someterse a la ley o que retomaron las armas.
Por otra parte, la presencia de niños y jóvenes muertos en el ataque aéreo renueva las discusiones jurídicas en torno a la responsabilidad primaria de los grupos al margen de la ley por el delito aberrante de reclutamiento ilícito, al tiempo que insta a revisar las condiciones operativas de la fuerza pública cuando se detecta la presencia de menores en los objetivos militares. Organismos internacionales y analistas en materia de seguridad recuerdan que, si bien la legislación internacional reconoce la pérdida de protección civil cuando un menor participa directamente en las hostilidades, el Estado mantiene el deber permanente de prevenir el reclutamiento y proteger de manera prioritaria los derechos fundamentales de la niñez.
Las autoridades judiciales han expresado que los expedientes de la Operación Amón permanecerán abiertos mientras se concluyen las pruebas biológicas del último cadáver no identificado y se profundiza en las investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de los cabecillas disidentes en la incorporación ilegal de menores de edad a las actividades del conflicto en el departamento del Guaviare.
