La situación en Remolinos, corregimiento de Viterbo (Caldas), se ha tornado crítica. Lo que comenzó como una protesta legítima por parte de comunidades indígenas ha escalado a un conflicto de orden público con múltiples aristas. Desde hace varios días, la Troncal de Occidente permanece bloqueada en su totalidad, afectando severamente el paso entre los departamentos de Caldas y Risaralda.
Transportadores y pasajeros denuncian agresiones físicas, intentos de retención, cobros irregulares a conductores y, lo más preocupante, una total ausencia de la fuerza pública. La tensión se agravó este viernes cuando un ciudadano fue golpeado por manifestantes tras expresar su inconformidad con el cierre vial. Este hecho, que simboliza el deterioro del ambiente, expone los riesgos crecientes para quienes transitan por la zona.
El bloqueo ha derivado en situaciones que van más allá de una protesta social. Diversas voces aseguran que se estarían cometiendo actos que podrían constituir delitos. “Están obligando a los pasajeros a bajarse de los buses, incluso a niños y personas enfermas”, reportó un conductor intermunicipal. Otros relataron que para permitir el paso de algunos vehículos se estarían exigiendo pagos de dinero, lo cual configura posibles casos de extorsión.
La población denuncia que ni la Policía Nacional ni el Ejército han intervenido de manera efectiva. Esta ausencia estatal ha generado un fuerte sentimiento de abandono y ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes y transeúntes del eje cafetero.
Mientras tanto, los miembros de la minga indígena de Caldas y Risaralda justifican su accionar como una medida para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos incumplidos. Entre sus reclamos, destaca la solicitud de reconocimiento oficial de siete comunidades indígenas, proceso que consideran ha sido sistemáticamente postergado por el Ministerio del Interior.
Las comunidades indígenas apelan a la vía judicial y buscan diálogo en Bogotá
En medio del bloqueo, líderes de la protesta viajaron a Bogotá para presentar una acción de tutela que exija atención efectiva por parte del Gobierno nacional. Jhon Edison Cardona, secretario general de la Organización Regional Indígena de Caldas, explicó que no han encontrado una voluntad real de concertación por parte del Ministerio. “Lo que pedimos es sencillo: un espacio de diálogo serio donde podamos socializar la situación y alcanzar acuerdos concretos”, manifestó Cardona.
Con el acompañamiento de la Personería de Viterbo, los líderes indígenas han insistido en que el conflicto no es nuevo y responde a una deuda histórica del Estado con los pueblos originarios en temas de adjudicación de tierras y reconocimiento territorial.
