La Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa parcial de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – Comfamiliar Risaralda, tras detectar graves anomalías en su gestión contractual, financiera y administrativa. La medida, formalizada en la Resolución 0977 del 4 de septiembre de 2025, busca corregir falencias que comprometen la estabilidad de la entidad y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a sus afiliados.
La decisión se basó en los hallazgos obtenidos durante una visita ordinaria y una visita especial, realizadas de forma simultánea entre el 7 y el 11 de abril de 2025. Los informes resultantes evidenciaron prácticas que afectan la legalidad de las operaciones de la Caja, la transparencia en el manejo de los recursos y la sostenibilidad financiera de la corporación.
Contratos por encima de los límites legales
Uno de los hallazgos más relevantes fue la suscripción de contratos sin autorización del Consejo Directivo y por encima de los topes fijados por la Asamblea de Afiliados. La Resolución precisa que la entidad suscribió, entre otros, los siguientes convenios:
- Contrato No. 11630, firmado con la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSALUD), con un valor estimado de $64.000 millones, vigente entre enero de 2023 y diciembre de 2024.
- Contrato No. 11639, también con APROSALUD, suscrito el 1 de enero de 2025 por $40.500 millones, con vigencia hasta diciembre del mismo año.
Ambos contratos superaron el límite de 350 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) autorizado para 2024, y fueron firmados sin el aval del Consejo Directivo, configurando un incumplimiento normativo y estatutario. Según la Superintendencia, esta actuación compromete la solvencia financiera de la Caja y expone a sus directivos a sanciones administrativas y disciplinarias.
Uso indebido de recursos educativos
La resolución también documenta que Comfamiliar Risaralda utilizó recursos de la Ley 115 de 1994 para otorgar subsidios de matrícula y pensión en el nivel preescolar, a pesar de que la norma establece que estos fondos deben destinarse exclusivamente a educación básica y media.
En total, se identificó que en 2024 la entidad destinó $113,4 millones en matrículas y $829,6 millones en pensiones para 247 beneficiarios de preescolar, lo que representa un uso indebido de $943 millones de recursos parafiscales. Este desvío constituye una vulneración al principio de destinación específica de la normatividad vigente.
Aunque la Caja argumentó que contaba con planes de mejoramiento y conceptos técnicos que respaldaban su proceder, la Superintendencia concluyó que ninguno de esos documentos tenía fuerza vinculante frente al marco legal aplicable. Por ello, se reiteró que cualquier apoyo a la educación preescolar debe financiarse con otros fondos, como el saldo de obras, y no con recursos de la Ley 115.
Gobierno corporativo y riesgos financieros
Además de los hallazgos contractuales y educativos, la visita especial realizada en abril de 2025 abordó denuncias sobre el manejo del programa de salud (IPS), falencias en el gobierno corporativo y debilidades en los estados financieros. El análisis concluyó que la operación de la IPS genera una carga significativa para las finanzas de la Caja, afectando su liquidez y sostenibilidad.
El informe también señaló problemas en la transparencia de la toma de decisiones y en el cumplimiento de los procedimientos internos por parte de la Dirección Administrativa y el Consejo Directivo. Estas falencias ponen en riesgo la gobernanza de la entidad y la adecuada prestación de los servicios sociales.
¿Qué significa la intervención para los afiliados?
La medida adoptada contempla la separación de los miembros del Consejo Directivo y del Director Administrativo, así como la designación de un agente especial que asumirá la administración y representación jurídica de Comfamiliar Risaralda mientras se corrigen las irregularidades.
La Superintendencia aclaró que la intervención no interrumpirá la prestación de los servicios a los más de 150 mil afiliados de la Caja. Por el contrario, busca garantizar que los aportes sean administrados con transparencia, eficiencia y apego a la ley, preservando los programas de salud, educación, recreación y subsidios que benefician a los trabajadores y sus familias.
La decisión abre un debate sobre el futuro del sistema de subsidio familiar: ¿cómo asegurar que las Cajas mantengan la confianza de los trabajadores mientras cumplen con las exigencias legales y refuerzan su gobierno corporativo?
