La crisis carcelaria en Cundinamarca sumó una nueva tragedia. El motín en la estación de Policía de Funza derivó en un incendio que ya deja siete privados de la libertad muertos, según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey. La última víctima fue identificada como Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 años, quien permanecía en estado crítico en el hospital San Rafael de Facatativá antes de fallecer. La conflagración, originada tras una riña entre reclusos, desató el caos en un centro de detención que albergaba 13 internos, muy por encima de las condiciones adecuadas para su funcionamiento. El hecho ha generado conmoción nacional y reabre con fuerza el debate sobre el hacinamiento y la responsabilidad estatal en la protección de los derechos humanos de la población carcelaria.
Cronología del motín e incendio
De acuerdo con el secretario de Gobierno de Cundinamarca, general (R) Luis Fernando Navarro, la emergencia se desarrolló en dos momentos. Primero, en la tarde del martes 16 de septiembre, se presentó una riña entre internos, la cual fue controlada inicialmente por la Policía. Sin embargo, hacia las 7 de la noche, la tensión se reactivó y terminó en una conflagración provocada por la quema de colchones dentro de la estación. La inhalación de humo resultó letal para los detenidos, mientras que los Bomberos y personal médico acudieron de inmediato al lugar. A pesar de la rápida atención, el balance fue devastador: siete fallecidos y otros reclusos hospitalizados en estado crítico. Ningún uniformado resultó lesionado, pero la magnitud de la tragedia expuso nuevamente las fallas en la gestión de estos centros transitorios.
El hacinamiento como detonante de la tragedia
El hacinamiento en las estaciones de Policía ha sido señalado repetidamente como uno de los principales riesgos para la vida de las personas privadas de la libertad. La estación de Funza, concebida para detenciones cortas, alojaba 13 internos en espacios reducidos e inadecuados. Organismos como la Defensoría del Pueblo habían advertido meses atrás sobre el peligro de mantener a detenidos por largos periodos en instalaciones sin condiciones de seguridad ni salubridad. Este panorama no es exclusivo de Funza: en varias estaciones del país, la ocupación supera el 200% de su capacidad, lo que incrementa la violencia, el maltrato y las emergencias sanitarias. Lo ocurrido en Cundinamarca pone de relieve la crisis carcelaria en Colombia, que demanda soluciones estructurales y no paliativos temporales.
¿Qué medidas se tomarán tras la tragedia en Funza?
El incendio en la estación de Policía de Funza plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad del Estado en la custodia y protección de las personas bajo detención. La Fiscalía y Medicina Legal ya adelantan investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles negligencias. Mientras tanto, la Procuraduría ha exigido acciones inmediatas para evitar que se repitan emergencias similares en otras estaciones y cárceles. El Congreso también tiene sobre la mesa propuestas de reforma al sistema penitenciario, orientadas a reducir el hacinamiento mediante inversión en infraestructura y programas de resocialización. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuántas vidas más deberán perderse antes de que se tomen decisiones de fondo en el sistema penitenciario colombiano? La tragedia de Funza no solo enluta a Cundinamarca, sino que se convierte en un llamado urgente a la acción.
