El exsubdirector de la Ungrd entregó pruebas que comprometerían a la representante Karen Manrique en un escándalo de corrupción relacionado con contratos públicos.
En una revelación explosiva que podría tener profundas repercusiones políticas, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entregó pruebas a la Corte Suprema que implicarían a la representante a la Cámara Karen Manrique en un presunto caso de corrupción. Según su testimonio, el Gobierno habría comprado el voto de la congresista a cambio de contratos, con el compromiso de respaldar iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.
Un contrato millonario en el centro del escándalo
De acuerdo con la confesión de Pinilla, revelada el 2 de febrero de 2025 por Noticias Caracol, la Ungrd destinó un contrato en Saravena, Arauca, por más de $32.000 millones, el cual estaría bajo el control del esposo de la parlamentaria, Gustavo González Ruiz. Este empresario y contratista de la entidad habría recibido la asignación a cambio de que Manrique apoyara la aprobación de créditos internacionales por $92.000 millones.
Según el medio, la Corte Suprema de Justicia investiga si Manrique y otros cinco congresistas recibieron contratos a cambio de su voto. Las pruebas incluyen conversaciones en las que la parlamentaria presuntamente afirmó que su esposo manejaría el contrato.
La reunión clave y presiones desde el Congreso
Pinilla reveló que el 14 de diciembre de 2023 se reunió con Manrique y González Ruiz, momento en el que la congresista le aseguró que el contrato de Saravena sería administrado por su esposo. El exfuncionario declaró que en una videollamada posterior, Olmedo López, entonces director de la Ungrd, le ordenó gestionar varios contratos, incluyendo el de Arauca, por presiones desde el Ministerio de Hacienda.
Además, Pinilla entregó copias de conversaciones con Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y con asesores del Gobierno que habrían participado en la coordinación del proceso contractual.
Intereses desde la Casa de Nariño
El testimonio también señala que la Presidencia presionó para agilizar contratos. Jaime Ramírez Cobo, asesor gubernamental, le advirtió a Pinilla sobre el riesgo de que la caída de los créditos afectara proyectos clave. En febrero de 2024, cuando el escándalo de los carrotanques en La Guajira ya había estallado, Manrique contactó reiteradamente a Pinilla para que acelerara la adjudicación del contrato de Arauca.
A pesar de la falta de una emergencia real en Saravena, el contrato avanzó y estuvo listo para su adjudicación. Informes internos de la Ungrd concluyeron que no existía justificación suficiente para la declaratoria de urgencia, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso.
Un contratista con historial en el Estado
González Ruiz es representante legal de la firma Grupo de Constructores de la Orinoquía (Grucori), empresa que ha recibido contratos estatales en Arauca por más de $6.600 millones. Además, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol rastreó sus ingresos y los de Manrique, revelando múltiples visitas al Ministerio de Hacienda y la Ungrd entre 2023 y 2024, incluidas reuniones con el entonces ministro Bonilla.
Controversias adicionales y defensa de Manrique
Otro dato que ha causado polémica es que, a pesar de sus ingresos y contratos con el Estado, tanto Manrique como su esposo están registrados en el Sisbén como población vulnerable. En respuesta a estas acusaciones, su abogado, Andrés Garzón, desestimó las declaraciones de Pinilla, argumentando que ha cambiado su testimonio según su conveniencia y que la congresista y su esposo han sido víctimas de la violencia, justificando su inclusión en el sistema de subsidios.
El caso sigue en investigación por parte de la Corte Suprema, y el escándalo amenaza con generar un remezón en el panorama político colombiano.
