La adjudicación de un contrato de alimentos en Colombia por $5.000 millones, destinado a atender a las víctimas de desastres naturales, ha desatado una fuerte polémica en el país. El convenio, firmado en 2023 con la fundación Pintando Huellas y supervisado por el entonces subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla, está bajo la lupa pública debido a presuntos sobrecostos en contratos públicos y a irregularidades en la Ungrd.
Según los informes del representante a la Cámara Cristian Avendaño y del concejal de Bucaramanga Carlos Parra, los servicios contratados presentaron precios hasta un 400% superiores a los valores reales de mercado. Entre los ejemplos más llamativos se encuentra el cobro de $91.000 por cada almuerzo empacado, conocido popularmente como ‘corrientazo’, y $52.000 por refrigerios. Las cenas tipo bufete, por su parte, alcanzaron los $121.000 por unidad.
Detalles de los sobrecostos que generan indignación
La lista de servicios con precios inflados no se limita a la alimentación. En el contrato también se incluyeron alquileres de sillas plásticas a $19.000 por unidad, cuando el precio habitual no supera los $4.000. Las tarimas, esenciales para eventos de entrega de ayudas, fueron arrendadas a $5 millones diarios, superando ampliamente el promedio comercial de $1,7 millones.
Especial atención merecen los servicios de sonido contratados. Una consola de sonido de 16 canales, cuyo valor en el mercado se estima en $476.000, fue facturada por más de $8 millones. Estas cifras, divulgadas por los denunciantes, reflejan patrones de contratación que favorecen a entidades sin experiencia o capacidad demostrada, pero vinculadas a redes de corrupción previas.
Tanto Avendaño como Parra resaltaron que fundaciones fachada, utilizadas anteriormente en Santander bajo la apariencia de ayuda humanitaria, estarían ahora replicando sus operaciones a nivel nacional. Esta conexión sugiere un entramado estructural que, lejos de beneficiar a las comunidades vulnerables, profundiza su desprotección.
La adjudicación directa y los vacíos de control
El contrato de alimentos en Colombia fue tramitado a través de la Fiduprevisora, una entidad que, al operar bajo el derecho privado, permite procesos de adjudicación directa sin necesidad de licitación pública. Esta modalidad ha sido duramente criticada por facilitar los sobrecostos en contratos públicos.
Cristian Avendaño denunció además que la fundación Pintando Huellas ya había sido objeto de investigaciones por otros contratos, como aquellos destinados a atender a personas con discapacidad, a pesar de no contar con la experticia necesaria en el área.
El representante explicó que, al no realizarse un análisis de precios de mercado previo, se permitió que el contratista definiera arbitrariamente los costos. La estructura del contrato, diseñada para ejecutarse hasta agotar los recursos, carecía de controles eficaces y abrió la puerta a posibles manejos irregulares.
Uno de los eventos cubiertos por este convenio fue la entrega de carrotanques de la Ungrd, un hecho que según los denunciantes ejemplifica la falta de transparencia y la manipulación de recursos públicos.
¿Hacia dónde apunta la investigación sobre estos contratos?
El hallazgo de 74 ítems con sobrecostos dentro del contrato resalta la necesidad urgente de reformar los mecanismos de contratación en situaciones de emergencia en Colombia. La utilización de declaratorias de calamidad como excusa para evadir controles y asignar recursos de manera discrecional ha generado alarma en sectores políticos y ciudadanos.
La conexión entre el rol de supervisión de Sneyder Pinilla y las irregularidades detectadas, así como la actuación de la Fiduprevisora, ha puesto en tela de juicio la gestión de la actual administración nacional en materia de respuesta a desastres.
El país permanece atento a los avances de las investigaciones y a las medidas que las autoridades competentes implementen para evitar que estos actos de corrupción sigan lacerando los recursos destinados a las poblaciones más vulnerables.
