La Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos contra Movistar tras identificar presuntos cobros a usuarios sin su consentimiento previo, en una investigación que surge a partir de múltiples denuncias presentadas por clientes en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la entidad, los reclamos están relacionados con cargos facturados por equipos repetidores de señal WiFi, conocidos como “Baseport”, que habrían sido incluidos en las cuentas sin autorización expresa de los usuarios. Esta práctica, según la SIC, podría vulnerar el derecho de libre elección, al asumir la aceptación de servicios o dispositivos sin una manifestación clara por parte del consumidor.
La investigación señala que estos hechos se habrían presentado durante un periodo prolongado, entre agosto de 2020 y mayo de 2024. En ese lapso, los usuarios no solo habrían recibido cobros sin haber solicitado los equipos, sino que tampoco habrían sido informados previamente sobre su instalación, costo o condiciones, lo que configura posibles “cobros sorpresa”.
Además de los cargos por facturación irregular, la Superintendencia incluyó en la investigación un presunto incumplimiento en el deber de información. Según el organismo de control, la compañía no habría garantizado a los usuarios acceso claro, suficiente y actualizado al contrato único de prestación de servicios fijos, documento clave para conocer las condiciones, tarifas y características del servicio contratado.
La formulación de cargos se da en el marco de una actuación administrativa que busca establecer si la empresa vulneró varios derechos de los consumidores, entre ellos el de recibir información transparente y el de autorizar de manera libre cualquier servicio adicional. La SIC advirtió que estas prácticas, de comprobarse, representarían una infracción al régimen de protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones.
En esta etapa del proceso, la investigación no implica una sanción definitiva, pero sí la existencia de indicios suficientes para avanzar en el caso. La empresa cuenta con un plazo de 15 días para presentar sus descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa frente a los señalamientos.
De confirmarse las irregularidades, Movistar podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción. Mientras tanto, la Superintendencia reiteró el llamado a los usuarios para que revisen sus facturas y reporten cualquier cobro que no haya sido previamente informado o autorizado.
