La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso colombiano alcanzó un nuevo pico luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtiera que, si el Senado de la República no se pronuncia formalmente antes del 1 de junio, el Gobierno nacional convocará una consulta popular. El objetivo: someter a las urnas una serie de preguntas sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, que fue rechazada en una votación que el Gobierno califica como viciada.
El detonante fue una polémica sesión del Senado el pasado 14 de mayo, en la cual se hundió el trámite legislativo de la consulta propuesta por el Ejecutivo. Según Benedetti, durante esa sesión no se siguieron los procedimientos establecidos en la Ley Quinta de 1992, particularmente en su artículo 125, que exige la lectura de la proposición antes de someterla a votación. “¿Qué fue lo que se votó? No sabemos”, expresó el ministro, quien además compartió un video explicativo en sus redes sociales.
Irregularidades en el Senado y una posible denuncia penal
El Ejecutivo insiste en que el Senado no emitió un pronunciamiento formal, lo que —según Benedetti— invalida la votación. De acuerdo con su análisis, en la sesión no se leyó la proposición que debía votarse y se procedió directamente a abrir el registro de votación, lo que constituye una omisión grave del procedimiento parlamentario.
Benedetti aseguró haber consultado a expertos legales que avalan su postura: “El Senado de la República no se ha pronunciado”. En consecuencia, si no hay corrección o aclaración oficial antes del 1 de junio, el presidente Petro convocará la consulta popular, la cual incluiría doce preguntas orientadas a reformar profundamente el régimen laboral del país.
En paralelo, el ministro anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, por presuntas irregularidades en la conducción de la plenaria. Las acusaciones del Gobierno incluyen desde fraude procesal hasta manipulación del orden del día para impedir un debate transparente.
La movilización ciudadana como herramienta de presión
Acompañando la estrategia institucional, Petro ha convocado movilizaciones nacionales para el 28 y 29 de mayo, respaldadas por centrales obreras y organizaciones indígenas. Desde su visita oficial a China, el mandatario grabó un mensaje en el que instó a los colombianos a salir a las calles en defensa de su propuesta.
“No levanten una sola arma contra el pueblo”, ordenó el presidente a las fuerzas armadas, marcando un tono combativo pero que busca mantener las manifestaciones dentro de los marcos pacíficos. La instrucción está dirigida a evitar que la fuerza pública reprima las protestas, como ya ocurrió en convocatorias anteriores como la del 1 de mayo, cuando miles de personas protestaron contra la negativa del Congreso a aprobar la reforma.
Varios sectores sociales, incluyendo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han reafirmado su respaldo a la iniciativa presidencial y han convocado a una “movilización en masa” hacia Bogotá. Las protestas buscan presionar al Senado para que reconsidere su postura o, en su defecto, legitimar la eventual convocatoria popular.
¿Qué hay detrás de la consulta popular? ¿Instrumento democrático o táctica electoral?
Aunque el Gobierno insiste en que la consulta popular es un mecanismo legítimo para garantizar la participación ciudadana, sectores de la oposición sostienen que se trata de una maniobra política para fortalecer la imagen del presidente Petro con miras a las elecciones presidenciales de 2026, a pesar de que la reelección no está permitida por la Constitución.
Desde su archivo en abril de 2023, la reforma laboral ha sido uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno. Entre sus puntos centrales se incluye la eliminación de contratos temporales para labores permanentes, el aumento de recargos por trabajo nocturno y festivo, y la formalización de trabajadores de plataformas digitales. Sin embargo, críticos del proyecto consideran que los costos fiscales y laborales son insostenibles para el tejido empresarial actual.
Ante el bloqueo legislativo, Petro ha reiterado su denuncia de un “bloqueo institucional” por parte del Congreso y ha insinuado que los cambios podrían ser implementados por decreto si no hay consenso político. La posibilidad de aprobar reformas vía consulta popular es constitucional, pero conlleva desafíos logísticos, presupuestales y de legitimidad política.
