El funcionamiento institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido nuevamente en el centro de la discusión pública en Colombia, luego de que se expusieran detalladas cifras presupuestales relacionadas con el arrendamiento de sedes, gastos de viaje, defensa jurídica y costos de nómina. Los datos revelados durante un espacio de debate periodístico abrieron interrogantes sobre la eficiencia del gasto público, el marco regulatorio del sistema de justicia transicional y los mecanismos de control fiscal que rigen sobre la entidad.
Contratación inmobiliaria y estructuras accionarias en el extranjero
Uno de los puntos centrales del análisis financiero es el costo del arrendamiento de la sede principal de la JEP, ubicada en el Edificio Torres Cuadra. Según los datos presentados, el acumulado por este alquiler asciende a 160.000 millones de pesos. Esta cifra contrasta con el valor de construcción del inmueble, estimado en 20.000 millones de pesos, y su avalúo comercial, que alcanza los 40.000 millones de pesos. En términos prácticos, el valor pagado por concepto de arrendamiento equivale a cuatro veces el valor total del edificio.
Adicionalmente, se señaló que la justificación inicial para elegir dicha sede se basó en que era la única oferta que no requería adecuaciones. No obstante, dos años después de la firma del contrato, se invirtieron 3.300 millones de pesos en reformas y adecuaciones locativas. A esto se suma la necesidad de alquilar una sede alterna, bajo el argumento de que el espacio en Torres Cuadra era insuficiente para albergar a todo el personal de la jurisdicción.
La controversia se extiende a la configuración jurídica y accionaria de la firma propietaria del edificio. De acuerdo con las indagaciones presentadas, la propiedad está distribuida entre 18 accionistas anónimos, de los cuales 13 se encuentran radicados en paraísos fiscales como Delaware, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Se enfatizó además que, de las nueve sociedades constituidas en Delaware, ocho fueron creadas solo un mes después de que se firmara el contrato de arrendamiento con la JEP, compartiendo fechas e información de registro.
Financiación de la defensa y tiquetes internacionales
Otro aspecto relevante dentro de los gastos analizados corresponde a la defensa jurídica de procesados. Se expuso que el Estado colombiano ha destinado 40.365 millones de pesos para cubrir los honorarios de abogados defensores de miembros de las FARC.
Frente a esta erogación, se citó la Ley Estatutaria de la JEP, específicamente los artículos 37 y 115, los cuales establecen que la representación jurídica asumida por el Estado únicamente aplica para aquellas personas que carezcan de recursos económicos para financiar su propia defensa. En el debate se contrapuso este mandato normativo con informes internacionales, citando una publicación de la revista Forbes del año 2019, en la que se calculaba la fortuna de las FARC en 600 millones de dólares, posicionándolas en su momento entre las organizaciones con mayores ingresos en el mundo.
Por otro lado, los reportes presupuestales señalan que se han ejecutado 56.000 millones de pesos en tiquetes aéreos y gastos de viaje para funcionarios y magistrados de la entidad. Se cuestionó el desplazamiento de magistrados hacia destinos como Panamá, Miami, Sevilla, Chicago, París, Ginebra y Nueva York, discutiéndose la relación directa de dichos viajes con las labores de investigación y juzgamiento, más allá de sedes tradicionalmente vinculadas al proceso como La Habana o Caracas.
Comparativa de nómina y los controles fiscales
El balance financiero presentado incluyó la proyección de la nómina de la JEP para el año 2026, la cual alcanzará los 404.477 millones de pesos. Para poner en dimensión este monto, se comparó con el presupuesto total asignado a la nómina de todo el Ministerio de Justicia, el cual asciende a aproximadamente 52.000 millones de pesos.
Ante los cuestionamientos planteados sobre si estos gastos podrían configurar irregularidades o malversación de fondos, se mencionó que la Contraloría General de la República ha realizado siete auditorías a la entidad sin haber emitido, hasta la fecha, hallazgos de carácter fiscal o penal sobre estos contratos. Sin embargo, se indicó que se han radicado múltiples derechos de petición e iniciativas de control parlamentario para exigir una revisión más rigurosa sobre los términos de contratación, la justificación de los viajes internacionales y la transparencia de los proveedores que contrataron con el Estado.
