Un documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que, por solicitud de la senadora Isabel Cristina Zuleta, nueve presuntos cabecillas de bandas criminales en Medellín fueron trasladados desde su lugar de reclusión para participar en un acto público liderado por el presidente Gustavo Petro.
El hecho ocurrió el pasado 22 de junio, en el marco del denominado “Tarimazo” organizado por el Gobierno Nacional en la Plaza de La Alpujarra. En el evento, participaron representantes del proceso de paz total urbana, en el que figuran integrantes de organizaciones ilegales que buscan acogerse a la iniciativa gubernamental.
La resolución del Inpec
El documento en cuestión es una resolución interna que autoriza la salida de los internos bajo estrictas condiciones de seguridad y acompañamiento. Este fue expedido después de una solicitud directa de la senadora Zuleta, quien funge como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana de Medellín.
El texto menciona que el permiso se otorgó con base en los avances del proceso de diálogo con los actores armados urbanos, amparado en la política de paz total promovida por el Ejecutivo.
¿Quiénes salieron?
Entre los autorizados para asistir al evento se encuentran personas señaladas de pertenecer a estructuras delincuenciales que operan en varias comunas de la ciudad. Estas personas están privadas de la libertad por delitos como concierto para delinquir, homicidio, extorsión y microtráfico.
Según el reporte, los nueve internos fueron custodiados por personal del Inpec y regresaron a su centro penitenciario al finalizar su participación. No obstante, la autorización ha desatado una fuerte controversia pública y política.
Polémica por visibilidad pública de criminales
La decisión ha generado múltiples reacciones, especialmente porque los internos subieron a la tarima y fueron ovacionados por algunos asistentes del evento. En redes sociales circularon imágenes y videos de su presencia en el acto, lo que fue considerado por críticos como una exaltación de figuras ligadas al crimen organizado.
Diversos sectores, tanto de la oposición como de la ciudadanía, han expresado su rechazo a lo que consideran una validación de criminales en espacios oficiales. Argumentan que este tipo de hechos podrían deslegitimar los esfuerzos por consolidar una paz duradera.
Respuesta desde el Gobierno
En respuesta a las críticas, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la presencia de estos actores en el evento es parte de una estrategia para fortalecer el diálogo social y permitir que los líderes de estructuras armadas urbanas se comprometan públicamente con el cese de hostilidades.
Desde la oficina de la senadora Isabel Zuleta se reiteró que la acción fue legal, estuvo debidamente sustentada y se realizó bajo supervisión de las autoridades penitenciarias. Además, se indicó que fue un paso simbólico dentro de los compromisos adquiridos en el marco de las negociaciones urbanas.
Reacciones en Medellín
Autoridades locales en Medellín no fueron informadas previamente de la medida, lo que ha aumentado la preocupación por los alcances reales del evento. Algunos líderes comunitarios expresaron inquietud sobre el mensaje que se envía a las comunidades que han sido víctimas de la violencia ejercida por estas bandas.
A pesar de la controversia, el evento continuó su curso y desde el Gobierno se aseguró que habrá más espacios similares en otras ciudades del país, en los cuales se busca visibilizar los avances en procesos de desarme y reconciliación urbana.
¿Qué dice la ley?
Expertos jurídicos han señalado que el Inpec sí tiene la facultad para permitir salidas temporales de reclusos, especialmente cuando se trata de actividades de carácter pedagógico, judicial o que estén enmarcadas en procesos de paz o resocialización. Sin embargo, advierten que deben existir criterios claros de transparencia y garantías para las víctimas.
Un proceso en construcción
La polémica que rodea esta acción se suma a las múltiples tensiones que ha generado la implementación de la política de paz total. Aunque el Gobierno insiste en su legitimidad y necesidad, los hechos recientes ponen sobre la mesa el debate sobre los límites éticos, jurídicos y políticos de estos acercamientos con estructuras criminales.
