La indignación se apoderó del barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal en Bogotá, tras conocerse una grave denuncia que involucra al jardín infantil Jardín Canadá Sede F. Al menos seis menores habrían sido víctimas de abuso sexual, presuntamente cometido por un funcionario de la institución. La comunidad reaccionó con protesta y exigencias de justicia, al tiempo que crece la preocupación por una posible cadena de negligencias institucionales.
Mientras las familias afectadas buscan respuestas, las directivas del jardín se han mantenido en silencio, sin brindar información clara ni apoyo a los padres. Este hermetismo ha desatado el malestar generalizado en la comunidad, que se siente desamparada ante lo que consideran una falta total de responsabilidad por parte de las autoridades educativas y judiciales.
Vecinos capturaron al presunto agresor, pero fue liberado el mismo día
Durante la semana del 28 de abril al 2 de mayo, residentes del sector lograron identificar y retener al presunto agresor. Lo entregaron a las autoridades con la esperanza de que se iniciara una investigación formal, sin embargo, la sorpresa y el malestar llegaron al conocerse que el hombre fue liberado el mismo día. Esta decisión fue interpretada por los vecinos como una señal de negligencia institucional, lo que agravó la desconfianza hacia las entidades responsables.
Las familias no solo han enfrentado el trauma del presunto delito, sino también la falta de acompañamiento y acción por parte de las instituciones. En paralelo, más niños han sido llevados a Medicina Legal para exámenes médicos, lo que hace temer que el número de víctimas sea mucho mayor al inicialmente denunciado.
En un video que circuló en redes sociales, una ciudadana del sector expresó con angustia: “Estamos acá haciendo una protesta porque hace una semana nos enteramos de que este funcionario ha venido abusando de nuestras niñas y niños… Nos dicen que puede ser una confusión. No nos han dado respuesta alguna, pero solo cerraron el instituto temporalmente.”
La concejala Heidy Sánchez y la presión ciudadana
La denuncia se viralizó luego de que la concejala Heidy Sánchez Barreto compartiera el video de una habitante del barrio exigiendo justicia. La vocera recalcó la gravedad del caso y cuestionó la pasividad institucional. Sánchez subrayó que se necesita una intervención seria, con medidas efectivas que protejan a los menores y restituyan los derechos de las familias afectadas.
“El silencio de las autoridades educativas ha sido inadmisible”, afirmó la concejala, quien se sumó al clamor de la comunidad para que se tomen medidas inmediatas. Su declaración ha servido como catalizador para que otras voces se sumen a esta exigencia de justicia, con un eco que ha traspasado las fronteras del barrio.
Como respuesta a la inacción institucional, madres de familia y vecinos decidieron organizar una movilización para cerrar las carreras 7 y 10. La comunidad hizo un llamado abierto a organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y medios de comunicación para unirse a la protesta. Su objetivo: que el caso no quede impune y que las autoridades respondan con celeridad y firmeza.
Una habitante enfatizó durante la convocatoria: “Hoy pueden ser nuestros niños, mañana pueden ser su hija, un sobrino, un nieto. Por favor colaboren. Necesitamos reunirnos a las 4:00 de la tarde para hacer un cierre masivo… que nuestra voz sea escuchada.”
Estas acciones han generado una mayor visibilidad mediática del caso, lo que podría presionar a las autoridades para que no ignoren las denuncias. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado sanciones, medidas cautelares ni se ha brindado una hoja de ruta clara que permita restablecer la confianza en las instituciones.
