Un juez de inmigración de Estados Unidos dio por terminado el proceso de deportación contra Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, al determinar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumplió con la carga de probar que era deportable, informaron este lunes sus abogados.
La decisión pone fin a un caso que generó amplia polémica nacional, luego de que Öztürk fuera detenida en marzo de 2025 por agentes federales, tras la revocación de su visa de estudiante F-1, como parte de la ofensiva de la administración Trump contra estudiantes y activistas internacionales vinculados a posturas propalestinas.
Según documentos judiciales y una carta presentada por la defensa, el tribunal concluyó que el Gobierno no presentó evidencia suficiente para sostener su acusación. La resolución llega después de que saliera a la luz que las autoridades federales no contaban con pruebas de que Öztürk hubiera apoyado actividades terroristas, pese a que ese fue el argumento público utilizado para justificar su arresto.
La estudiante, de origen turco, fue detenida afuera de su vivienda en Somerville, Massachusetts. Un video del momento, en el que se ve a varios agentes rodeándola mientras ella grita de miedo, provocó indignación y protestas en distintas ciudades del país.
El caso estuvo vinculado a un artículo de opinión que Öztürk coescribió en un periódico universitario, en el que criticaba la respuesta institucional de Tufts frente a la guerra en Gaza. Sus abogados sostuvieron desde el inicio que la revocación de la visa y la detención constituían una represalia por el ejercicio de su libertad de expresión.
“Hoy respiro aliviada al saber que, a pesar de las fallas del sistema judicial, mi caso puede dar esperanza a quienes también han sido perjudicados por el Gobierno estadounidense”, expresó Öztürk en un comunicado. “Aunque el dolor que yo y miles de otras mujeres encarceladas injustamente por ICE hemos sufrido es irreversible, es alentador saber que, después de todo, algo de justicia puede prevalecer”.
Mahsa Khanbabai, su abogada de inmigración, calificó el fallo como “una poderosa afirmación de la justicia y el estado de derecho”, y subrayó que la aplicación de las leyes migratorias debe guiarse siempre por criterios de legalidad y equidad.
El DHS, por su parte, criticó duramente la decisión. Un portavoz calificó el fallo como “activismo judicial” y reiteró que el Gobierno “no tiene obligación de permitir la permanencia en el país de personas que, según su criterio, promueven posturas extremistas”, aunque no presentó nuevas pruebas tras la decisión del juez.
Durante su detención, Öztürk fue trasladada a centros en distintos estados, incluyendo Luisiana, y sufrió episodios de asma sin recibir atención médica adecuada, de acuerdo con sus abogados. En mayo de 2025, un juez federal ordenó su liberación inmediata, al advertir que su detención podía tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión de millones de personas no ciudadanas en Estados Unidos.
El caso de Öztürk se convirtió en símbolo del temor creciente entre estudiantes internacionales, luego de que varios académicos fueran arrestados por agentes enmascarados y trasladados a cientos o miles de kilómetros de sus lugares de residencia.
En diciembre, un tribunal federal ya había autorizado a la estudiante a retomar sus actividades académicas mientras se resolvía su situación migratoria. Con la cancelación definitiva del proceso de deportación, Öztürk podrá continuar sus estudios e investigaciones sin enfrentar una expulsión del país.
