La Ley 2485 de 2025 fue sancionada y comenzará a aplicarse en todo el país, estableciendo nuevos lineamientos para la regulación de los precios de reconexión en los servicios de telecomunicaciones. Esta normativa, que adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, busca proteger a los usuarios de cobros excesivos y garantizar una mayor transparencia tarifaria.
El propósito central de la nueva ley es equilibrar los intereses entre los usuarios y las empresas proveedoras de servicios, evitando abusos en los costos que se cobran por restablecer la conexión luego de una suspensión. De esta forma, se pretende asegurar que el acceso a la conectividad no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos los colombianos.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones asume nuevas facultades
Antes de esta reforma, las empresas de telecomunicaciones podían fijar libremente sus tarifas, y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) solo intervenía en situaciones específicas, como falta de competencia o deficiencias en la calidad del servicio. Con la sanción de la Ley 2485, la CRC adquiere nuevas facultades regulatorias que le permitirán establecer valores máximos de cobro por reconexión y fijar criterios uniformes para todo el territorio nacional.
Con estas facultades, la entidad deberá garantizar que los precios sean razonables, homogéneos y verificables, evitando las grandes diferencias que actualmente existen entre regiones y estratos. Las empresas estarán obligadas a informar de manera clara los costos de reconexión en las facturas o contratos, fortaleciendo así el derecho de los usuarios a una información completa y transparente.
Protección al usuario y equidad en los cobros
La Ley 2485 de 2025 busca resolver uno de los principales problemas que enfrentaban los consumidores: la falta de claridad y el exceso en los cobros de reconexión. En Colombia, los precios varían según el servicio, la ciudad y el estrato del usuario, lo que generaba un desequilibrio que afectaba especialmente a los hogares de menores ingresos.
En Bogotá, por ejemplo, la reconexión del servicio de agua puede costar entre $15.000 y $50.000, mientras que en municipios más pequeños la cifra se sitúa entre $30.000 y $35.000. En el caso de la electricidad, los costos pueden superar los $70.000 para usuarios residenciales y alcanzar los $90.000 en establecimientos comerciales.
El sector de telecomunicaciones también presenta diferencias notables: el restablecimiento de internet, telefonía o televisión puede costar desde $20.000 hasta más de $70.000, dependiendo del paquete y del operador. Estas disparidades motivaron la creación de un marco legal que promueva equidad, control y transparencia en las tarifas de reconexión.
Impacto en las empresas de telecomunicaciones
La nueva regulación no solo beneficia a los consumidores, sino que también impulsa una competencia más justa entre los operadores del sector. Al fijarse límites máximos en las tarifas, las compañías deberán ajustar sus modelos tarifarios y adoptar criterios uniformes de cobro.
La medida incentivará la competencia y permitirá que los usuarios comparen precios con mayor facilidad, fortaleciendo su capacidad de decisión. La CRC será responsable de desarrollar el reglamento técnico que defina los precios máximos autorizados, así como los mecanismos de seguimiento y sanción para las empresas que incumplan las normas.
La ley representa un paso significativo hacia la modernización del mercado de telecomunicaciones, históricamente criticado por su falta de control en cobros adicionales. Con esta regulación, se busca generar un entorno más confiable, donde las empresas operen bajo estándares claros y los ciudadanos tengan la certeza de que sus derechos económicos están protegidos.
Transparencia y acceso como pilares de la nueva normativa
Uno de los aspectos centrales de la Ley 2485 de 2025 es la obligación de garantizar que los usuarios conozcan de manera previa y detallada los valores de reconexión. Las empresas deberán incluir esta información en sus facturas y notificaciones, especificando los criterios usados para calcular el costo del restablecimiento del servicio.
Esta disposición apunta a eliminar la incertidumbre y fortalecer la confianza del consumidor en el sistema. Además, la ley incorpora un enfoque de equidad social, asegurando que los hogares de bajos ingresos no sean excluidos del acceso a los servicios de conectividad por motivos económicos.
Con su implementación, se espera que Colombia avance hacia un modelo más transparente, justo y competitivo, donde el restablecimiento de los servicios esenciales no dependa del poder adquisitivo, sino del cumplimiento de criterios claros y regulados.
