El reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y los sindicatos de trabajadores estatales trajo consigo un efecto colateral polémico: un nuevo aumento salarial a congresistas en Colombia. A partir de un ajuste retroactivo aplicable desde enero de 2025, los senadores y representantes a la Cámara pasarán de ganar $48.000.000 a un salario mensual de aproximadamente $52.000.000, es decir, un incremento superior a $3.360.000.
El acuerdo, anunciado el pasado 30 de abril, establece un aumento del 7% en 2025 para todos los trabajadores del Gobierno Central, porcentaje que también se extiende al Congreso, dada la fórmula legal con la que se calcula la remuneración de los legisladores: basada en el promedio del incremento salarial de los servidores públicos.
Aunque se trata de una medida técnica dentro de un marco legal vigente, la noticia provocó una ola de críticas en redes sociales, especialmente por la magnitud del salario final, que equivale a 37 salarios mínimos legales vigentes.
Críticas desde diversos sectores ante el aumento
Las reacciones no se hicieron esperar. La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, se manifestó en contra del aumento, al considerar que representa una desconexión con la realidad económica de millones de colombianos. En el mismo sentido, el exsenador Gustavo Bolívar publicó en su cuenta de X que “en $3.360.000 se incrementó salario a congresistas que se oponen a horas extras de trabajadores más pobres”.
Bolívar subrayó la brecha salarial existente entre los legisladores y el ciudadano promedio, calificándola como una de las más altas del mundo. También aprovechó para señalar que el proyecto que busca reducir ese salario permanece “en el puesto 108 del orden del día”, una posición que prácticamente condena la iniciativa al olvido legislativo.
La controversia se agudiza al considerar que, además del incremento salarial, los congresistas seguirán contando con beneficios adicionales, como esquemas de transporte, seguridad y esquemas de contratación paralela. Todo esto, mientras los proyectos de ley para recortar sus salarios siguen sin avanzar, a pesar de las promesas que muchos de ellos hicieron durante sus campañas electorales.
El proyecto de rebaja salarial sigue “engavetado”
Una de las voces más insistentes en esta discusión es la del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, quien ha impulsado una propuesta para limitar el salario de los congresistas a un tope de 20 salarios mínimos legales vigentes, equivalente a $28.470.000.
Sin embargo, la iniciativa se encuentra estancada. Cepeda denunció recientemente que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no ha mostrado intención de priorizar el debate del proyecto, relegándolo al puesto 108 del orden del día en el Congreso. “No tiene ninguna intención de que se debata”, afirmó el senador, en una declaración hecha también a través de su cuenta en X.
La propuesta había sido presentada nuevamente en enero de 2025 con el respaldo de 57 firmas dentro del Congreso, lo que demostraba un respaldo significativo. No obstante, superar el trámite legislativo ha sido complicado. En 2024, la iniciativa fue archivada tras no superar el tercer debate en la Cámara de Representantes, una historia que podría repetirse este año.
A pesar del apoyo inicial, el calendario legislativo juega en contra del proyecto: el período de sesiones del Congreso finalizará el próximo 20 de junio, y si no se logra discutir la propuesta antes de esa fecha, esta será nuevamente archivada.
¿Hay voluntad real de reducir el salario de los congresistas?
El incremento salarial aprobado para los congresistas y el estancamiento del proyecto que busca reducir su remuneración exponen una contradicción estructural en el Congreso colombiano. Mientras aumentan los sueldos y se mantienen privilegios, las iniciativas que apuntan a una mayor austeridad no logran avanzar, lo que alimenta el descontento ciudadano y las acusaciones de falta de coherencia política.
Hasta el momento, Efraín Cepeda no ha emitido declaraciones oficiales en respuesta a las críticas de Iván Cepeda, pero su postura será determinante en el futuro del proyecto. La pregunta que queda es: ¿logrará la presión ciudadana revertir esta dinámica o seguirá el Congreso beneficiándose del silencio legislativo?
