La Procuraduría General de la Nación redujo de 12 a 8 años la inhabilidad para ejercer cargos públicos impuesta a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, al considerar su ausencia de antecedentes disciplinarios. No obstante, la decisión ratificó la culpabilidad del exfuncionario en la omisión deliberada de reportar una donación realizada por la multinacional brasileña Odebrecht, que apoyó la campaña con estudios de opinión valorados en más de un millón de dólares.
La reducción fue formalizada en un documento de 41 páginas, en el cual la Procuraduría confirmó la conducta dolosa de Prieto al no informar al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el aporte recibido en especie. La entidad enfatizó que, más allá de no haber firmado directamente el contrato con Paddington Ventures, empresa encargada de los estudios, la responsabilidad recaía en Prieto por su rol de representante legal de la campaña.
Aportes no reportados y ocultamientos deliberados
El fallo disciplinario subraya que la falta se centró en la omisión del reporte obligatorio, más que en la firma del contrato. La Procuraduría sostiene que se lograron “acreditar objetivamente los hechos imputados”, gracias a medios de prueba y testimonios que comprobaron la implicación directa del exgerente.
Entre las declaraciones claves que sustuvieron la resolución se encuentra la de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht, quien afirmó que la financiación sí se realizó. Esta versión desmintió los argumentos de Prieto en la apelación, quien había alegado haber ingresado a la campaña después de que se suscribiera el contrato con Paddington Ventures.
La sentencia también desestima que la evaluación hecha por el juez de primera instancia carezca de lógica, resaltando que la decisión se encuentra “debidamente motivada y sustentada” conforme a los hechos y pruebas recabadas.
Interceptaciones telefónicas reveladoras
Uno de los puntos más contundentes del fallo fueron las interceptaciones telefónicas a Roberto Prieto, en las cuales se evidencian intentos por evitar que el aporte de Odebrecht saliera a la luz. Según la Procuraduría, en dichas conversaciones el exgerente reconocía el “riesgo” que representaba el cruce de los estudios de Paddington con las encuestas de la campaña, lo que lo llevó a buscar formas de encubrir la relación financiera.
“Tenía que hacer arreglos y hablar con una gente para cubrir este tema y evitar que se le cayera toda la estantería”, se lee en una de las frases atribuidas a Prieto en los audios incorporados al expediente disciplinario.
A pesar de que estas interceptaciones no fueron el único sustento probatorio, sí complementaron un marco de evidencias que, en conjunto, demostraron que el exfuncionario actuó con conocimiento y voluntad para ocultar información clave del proceso electoral.
¿Qué implica esta sanción para el futuro político de Prieto?
La nueva sanción impuesta por el Ministerio Público no borra la mancha sobre la gestión de Roberto Prieto, sino que la ajusta conforme al principio de proporcionalidad, al no contar con antecedentes disciplinarios previos. La inhabilidad por 8 años y una multa de 30 millones de pesos constituyen una advertencia sobre la importancia de la transparencia en la financiación política en Colombia.
El caso también se convierte en una referencia dentro del contexto de escándalos asociados al caso Odebrecht, que ha involucrado a múltiples líderes latinoamericanos por prácticas similares. Aunque Prieto no fue hallado culpable penalmente en esta decisión, el fallo disciplinario establece una línea clara respecto a las obligaciones éticas y legales de quienes administran recursos electorales.
