El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, en medio del proceso que enfrenta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión fue adoptada este 7 de abril durante una audiencia liderada por la magistrada Isabel Álvarez.
De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, la libertad se concedió debido a que la Fiscalía General de la Nación no radicó a tiempo el escrito de acusación, requisito clave para avanzar a la etapa de juicio. El documento debía presentarse antes del inicio de la audiencia, fijada para las 10:00 de la mañana, pero fue radicado cuando la diligencia ya estaba en curso.
La magistrada concluyó que se cumplía el presupuesto legal para conceder la libertad, al superarse los términos establecidos desde la imputación de cargos. En este caso, habían transcurrido más de 120 días desde el 1 de diciembre de 2025, fecha en la que Bonilla fue formalmente imputado dentro del proceso penal.
El exministro se encontraba privado de la libertad desde diciembre de 2025, cuando fue capturado junto a otros exfuncionarios del Gobierno en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la UNGRD. La medida de aseguramiento hacía parte de las acciones judiciales derivadas de uno de los casos de corrupción más relevantes del actual gobierno.
El proceso en su contra continúa vigente. Bonilla es investigado por su presunta participación en un entramado que habría desviado recursos públicos mediante contratos, en un esquema que también involucra a otros altos funcionarios y exfuncionarios, así como a congresistas señalados de recibir beneficios indebidos.
En este expediente permanecen privados de la libertad otros implicados, entre ellos los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, así como la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, todos vinculados a las investigaciones por el mismo caso.
La decisión judicial no implica el cierre del proceso ni una absolución, sino un cambio en la situación jurídica del exministro mientras avanza el caso. El expediente de la UNGRD continúa en desarrollo y sigue generando repercusiones en los ámbitos político, judicial e institucional del país.
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