La Corte Suprema de Justicia de Colombia mantiene bajo la lupa al representante a la Cámara David Racero, uno de los congresistas más visibles del Pacto Histórico. Según reveló el periodista Daniel Coronell en su columna El mercado regalado publicada en Los Danieles, entre 2018 y 2020 se habrían realizado transferencias de dinero de empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) hacia el propio congresista y su entorno cercano. Los documentos obtenidos por el alto tribunal muestran que esos giros no solo cubrirían pagos personales, sino incluso compras de mercado y gastos familiares.
Las pruebas, que forman parte del expediente en poder de la Sala de Instrucción de la Corte, sugieren un posible uso indebido de recursos públicos, lo que ha encendido nuevamente las alarmas en torno a prácticas de financiación irregular en el Congreso colombiano. Aunque Racero ha defendido en varias ocasiones su gestión como transparente, el escándalo amenaza con impactar tanto su imagen personal como la credibilidad de su colectividad política.
Pruebas financieras bajo escrutinio judicial
Los documentos revelados señalan operaciones financieras que vinculan a varios empleados de la UTL de Racero, quienes habrían transferido recursos de manera periódica a cuentas del congresista o de sus familiares. Estas transferencias, según la investigación, no se limitaban a montos pequeños: en algunos casos superaban varios millones de pesos. Entre los registros se incluyen pagos destinados a cubrir desde servicios públicos hasta compras de alimentos para el hogar del congresista. Para la Corte, estas pruebas son clave en el proceso de determinar si existió exigencia de cuotas salariales o desvío de dineros provenientes de contratos estatales.
El caso se enmarca en lo que algunos analistas describen como una modalidad recurrente en el Congreso, donde ciertos legisladores exigen aportes a sus asesores como condición para mantener sus cargos. Esta práctica, conocida como la “mordida” o “la cuota”, ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por organismos de control y medios de comunicación, pero pocas veces se logra avanzar hasta instancias judiciales de alto nivel como en este caso.
Racero y la defensa de su gestión
David Racero, quien ha ocupado cargos de liderazgo dentro de la Cámara y se ha proyectado como uno de los principales voceros del petrismo, enfrenta un momento complejo en su carrera política. Aunque en ocasiones anteriores ha rechazado tajantemente las acusaciones, señalando que su trayectoria está marcada por la lucha contra la corrupción, la nueva filtración refuerza las sospechas de que existieron transferencias irregulares de sus colaboradores hacia su núcleo familiar.
En respuesta a escándalos previos, Racero ha sostenido que se trata de ataques políticos en su contra y que siempre ha puesto a disposición de las autoridades sus finanzas personales para demostrar transparencia. Sin embargo, la contundencia de las pruebas reveladas por Coronell y ahora estudiadas por la Corte plantea un escenario adverso que podría derivar en sanciones disciplinarias o incluso en consecuencias penales.
¿Qué impacto puede tener este caso en el Pacto Histórico?
El escándalo trasciende la figura individual de Racero y toca fibras sensibles dentro del Pacto Histórico, la coalición política que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. La colectividad se ha posicionado como adalid de la transparencia y la lucha contra la corrupción, por lo que un caso de esta naturaleza mina su discurso frente a la opinión pública. Además, se suma a una serie de cuestionamientos recientes hacia otros congresistas del mismo bloque, lo que alimenta críticas sobre el manejo de recursos y la coherencia entre discurso y práctica política.
La pregunta que surge ahora es si este proceso judicial tendrá efectos inmediatos sobre la permanencia de Racero en el Congreso o si se prolongará en una investigación de largo aliento. De momento, la Corte Suprema avanza en la recopilación de testimonios y pruebas, mientras que sectores opositores exigen que se tomen medidas ejemplares para frenar prácticas de clientelismo en el Legislativo. ¿Podrá el Pacto Histórico blindar su credibilidad en medio de este nuevo golpe político?
