La salida de Acxan Duque del Ministerio de la Igualdad se produjo tras la denuncia de una funcionaria que lo señala de haberle enviado una fotografía íntima sin su consentimiento. El episodio, ocurrido el 25 de marzo, desencadenó su renuncia al cargo de viceministro encargado de Poblaciones y Territorios Excluidos y jefe jurídico de la entidad.
De acuerdo con la queja presentada ante instancias internas, la imagen fue enviada a través de WhatsApp en horas de la mañana. La funcionaria respondió de inmediato rechazando el contenido y calificándolo como una falta grave dentro del entorno laboral, al considerar que vulneraba los principios de respeto y profesionalismo.
Minutos después, el entonces viceministro ofreció disculpas por el mismo medio. En su explicación, sostuvo que el envío de la fotografía se trató de un error, asegurando que el contenido estaba dirigido a su pareja sentimental y no a la subalterna. Esta versión fue reiterada posteriormente por su entorno cercano.
Pese a esa explicación, la funcionaria decidió activar los protocolos institucionales y dejar constancia formal de lo ocurrido. En su comunicación, advirtió que el hecho podía afectar sus condiciones laborales, especialmente por la relación de subordinación, y solicitó la adopción de medidas para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.
Tras conocerse la denuncia, Acxan Duque presentó su renuncia al Ministerio de la Igualdad. En la carta dirigida al ministro, Alfredo Acosta Zapata, señaló que su decisión buscaba apartarse del cargo para ejercer su defensa ante las autoridades competentes.
El caso tomó mayor visibilidad pública luego de que la senadora Paloma Valencia confirmara la existencia de la denuncia y solicitara la intervención de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Además, pidió medidas de protección para la denunciante y la separación del funcionario mientras avanzan las investigaciones.
Según información conocida, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que podría evaluar si los hechos configuran un posible caso de acoso sexual. En paralelo, se han solicitado garantías para la funcionaria, incluyendo la posibilidad de trabajo remoto durante el proceso.
Este episodio se suma a un contexto más amplio de denuncias por presuntas conductas de acoso en distintos espacios institucionales y mediáticos del país, lo que ha intensificado el debate público sobre los mecanismos de prevención, atención y sanción frente a este tipo de comportamientos en entornos laborales.
