La renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Secretaría General de la Presidencia se conoció pasada la medianoche, a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de la entidad. En el texto, la funcionaria aseguró que su salida se dio “por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria”, y afirmó retirarse “con la frente en alto y con tranquilidad”.
Rodríguez, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro durante buena parte del actual Gobierno, confirmó además que asumirá en propiedad la gerencia del Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de ejecutar recursos para la recuperación postdesastre y la adaptación al cambio climático. Hasta ahora, el presidente no se ha pronunciado públicamente sobre su salida del DAPRE.
La renuncia se produce en medio de un contexto complejo dentro del Gobierno. En semanas recientes, Rodríguez había denunciado amenazas contra su vida y la de su familia, luego de que desconocidos ingresaran a su vivienda y a la casa de sus padres. Estos hechos se sumaron a un ambiente de inconformidad que ya venía manifestándose desde diciembre, tras desacuerdos internos por nombramientos en el Ministerio de Hacienda y diferencias con altos funcionarios del Ejecutivo.
Uno de los focos de mayor tensión fue el enfrentamiento con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Carrillo interpuso una queja formal por presunto acoso laboral contra Rodríguez, mientras ella cuestionó públicamente la gestión del funcionario en el Fondo Adaptación, señalando posibles irregularidades contractuales. Tras esas denuncias, la Contraloría anunció indagaciones preliminares y la Procuraduría inició revisiones sobre algunos procesos de contratación.
El Fondo Adaptación, en el centro del pulso político
La llegada de Rodríguez en propiedad al Fondo Adaptación ocurre en un momento particularmente sensible para esa entidad. Desde finales de 2023, el organismo administra más de $1,1 billones destinados a obras en regiones vulnerables como La Mojana, recursos que han convertido al Fondo en un punto clave de disputa política dentro del Gobierno.
Sobre este escenario pesan alertas por bajos niveles de ejecución, denuncias sobre contratos sin avances visibles y la apertura de investigaciones preliminares por parte de los organismos de control. La Procuraduría, de hecho, adelanta indagaciones previas por procesos que tendrían ejecución presupuestal nula, mientras se evalúa si existieron presiones indebidas o interferencias en la contratación.
Rodríguez es administradora pública, con especialización en gestión pública y una maestría en derechos humanos y posconflicto. Su trayectoria incluye pasos por el Ministerio de Trabajo, la Contraloría, el Concejo de Bogotá y el Senado. Ahora, su reto será asumir la conducción de una entidad clave, en medio de un ambiente de alta vigilancia institucional y tensiones políticas que siguen abiertas dentro del Ejecutivo.
