En la noche de este lunes 22 de diciembre fueron liberados los 18 integrantes del Ejército Nacional que permanecían retenidos en zona rural del municipio de Carmen del Atrato, en el departamento del Chocó. Los uniformados pertenecen a la Brigada 15 y habían sido interceptados mientras adelantaban un operativo militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La liberación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, entidad que lideró el proceso de mediación junto con la Iglesia Católica y autoridades locales. Según el organismo, el diálogo permitió destrabar una situación que mantenía en vilo a las autoridades y a la comunidad durante más de 36 horas.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la Defensoría informó que los soldados iniciaron su retorno hacia la ciudad de Quibdó y que todos se encontraban en buenas condiciones de salud, descartando afectaciones físicas tras la retención.
Así ocurrió la retención en zona rural de Carmen del Atrato
Los hechos se registraron el domingo 21 de diciembre, cuando una unidad militar desarrollaba operaciones de seguridad y control en el resguardo indígena La Puria, en jurisdicción de Carmen del Atrato. De acuerdo con los reportes oficiales, cerca de 200 personas rodearon a los uniformados y los trasladaron de manera forzada hacia el interior del territorio indígena.
Las autoridades señalaron que la comunidad alegó una supuesta presencia no autorizada del Ejército en el resguardo. Sin embargo, la Gobernación del Chocó fue enfática en advertir que no existe ninguna norma que prohíba el despliegue de operaciones militares legítimas en el territorio nacional.
Durante la retención, los soldados habrían sido despojados de su armamento oficial y obligados a identificarse en un video que luego circuló en redes sociales, situación que, según la Gobernación, vulneró gravemente su intimidad y dignidad como miembros de la Fuerza Pública.
Rechazo institucional y acciones legales tras los hechos
Tras conocerse lo ocurrido, la Gobernación del Chocó rechazó de manera categórica la retención de los militares y anunció que el Ejército Nacional presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por delitos como secuestro, asonada, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública.
En un comunicado, la administración departamental insistió en que no existen territorios vedados para el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado, especialmente cuando se trata de operaciones dirigidas a garantizar la seguridad nacional y el orden público.
Las autoridades también advirtieron que este tipo de acciones afectan de manera directa la capacidad operativa de la Fuerza Pública y ponen en riesgo tanto a los uniformados como a las comunidades, en un contexto de alta complejidad por la presencia de grupos armados ilegales en la región.
El contexto del operativo y la presencia del ELN
De acuerdo con información oficial, el operativo militar tenía como objetivo la captura de alias “Ramiro”, señalado como líder de la estructura Néstor Tulio Durán del Frente de Guerra Occidental del ELN. Este individuo es considerado un objetivo de alto valor y acumula más de 14 años de actividad criminal en el departamento del Chocó.
Fuentes de inteligencia indicaron que, durante la asonada, habrían intervenido integrantes de esa estructura guerrillera, quienes presuntamente presionaron e intimidaron a miembros de la comunidad para impedir la liberación de los soldados y facilitar la huida del cabecilla.
Alias “Ramiro” habría escapado del lugar junto a su radista, su pareja sentimental y un reducido esquema de seguridad, pese a que sobre él pesan al menos cuatro órdenes de captura vigentes por delitos como rebelión, narcotráfico, homicidio y asonada.
Un patrón que se repite en medio del conflicto
Las autoridades recordaron que la retención de militares por parte de civiles se ha vuelto un mecanismo recurrente en varias zonas del país, donde comunidades son instrumentalizadas por grupos armados ilegales para frenar operaciones en su contra.
Casos similares se registraron en agosto en Guaviare, donde 34 militares fueron retenidos, y en septiembre en Cauca, cuando otros 45 uniformados atravesaron una situación similar. En todos los episodios, las liberaciones se lograron tras procesos de mediación humanitaria.
Este episodio se produjo, además, el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral con motivo de las festividades de fin de año, una decisión que contrasta con los recientes hechos de intimidación y alteración del orden público en distintas regiones del país.
