La reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba recaudar $16.3 billones para cubrir el déficit del Presupuesto General de 2026, fue archivada en el Congreso de la República. En una votación decisiva, la Comisión Cuarta del Senado rechazó la ponencia positiva con 9 votos en contra y 4 a favor, cerrando la puerta al proyecto en esta legislatura.

La decisión representa un golpe significativo para las finanzas del Ejecutivo, que esperaba estos recursos para sostener programas sociales, infraestructura, educación, salud y otros compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Analistas advierten que la caída del proyecto limita el margen fiscal del Gobierno para el próximo año y obligará a realizar ajustes presupuestales importantes.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo un último llamado al Congreso para aprobar la iniciativa, insistiendo en que el recaudo era indispensable para garantizar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, el mensaje no tuvo efecto entre los legisladores, quienes desde días atrás anunciaban que contaban con los votos para hundir la propuesta.

Tras el archivo del proyecto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló que el Gobierno deberá recortar el presupuesto de 2026 en un monto equivalente al recaudo que pretendía obtener y recordó que la administración no puede acudir a un estado de emergencia económica para establecer impuestos por decreto.

Un revés político en medio de tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo

El hundimiento de la reforma es otro episodio que evidencia el deterioro de la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso. Aunque el Gobierno logró aprobar el Presupuesto General, no consiguió respaldo para esta iniciativa y enfrenta otros proyectos estancados como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la continuidad del Ministerio de la Igualdad.

En la Cámara de Representantes, las comisiones económicas intentaron dar oxígeno al trámite rompiendo el quórum en dos ocasiones para ganar tiempo en la negociación. Sin embargo, el Senado mantuvo su negativa argumentando riesgos para las clases media y baja y efectos regresivos en algunos tributos contemplados inicialmente.

El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X afirmando que la decisión era “predecible” y que abre paso a “consecuencias imprevisibles”. También reiteró sus críticas al manejo de la deuda pública y al Banco de la República.

Debate sobre posible emergencia económica

La posibilidad de que el Gobierno declare un estado de emergencia económica generó alarma entre sectores políticos. Varios congresistas advirtieron que, de avanzar esta medida, acudirían de inmediato a la Corte Constitucional.

La senadora Angélica Lozano dejó constancia en la sesión asegurando que la no aprobación de una ley no constituye un hecho extraordinario que justifique un estado de excepción. Agregó que la situación fiscal del país exige un pacto estructural, pero no mediante impuestos con efectos regresivos como algunos incluidos en el proyecto original.

Otros legisladores defendieron el archivo argumentando que la reforma afectaría a los ciudadanos con menores ingresos, mientras que bancadas oficialistas insistieron en que el sistema tributario actual favorece a grandes contribuyentes y perpetúa desigualdades.

Un proyecto que ya había sido modificado

Durante las negociaciones, ponentes y el Ministerio de Hacienda habían ajustado la iniciativa eliminando impuestos polémicos como los gravámenes a los carros híbridos y algunos tributos energéticos. En la versión final, el recaudo se reducía a $3.7 billones. Sin embargo, para la mayoría de senadores estos cambios no fueron suficientes.

La intervención final del ministro Ávila, en la que mencionó la posibilidad de revivir la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta —un punto ya tumbado por la Corte Constitucional—, generó preocupación entre algunos legisladores y terminó de sellar el rechazo.

Lo que viene

Con la reforma archivada, el Gobierno deberá presentar un plan de ajuste o buscar alternativas para cubrir el faltante del presupuesto de 2026. Además, se anticipan nuevas tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo, especialmente en las semanas previas al receso legislativo y en un ambiente ya marcado por la campaña electoral para 2026.

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