La reforma pensional, uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quedó oficialmente en manos de un conjuez luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional registrara un empate en la votación sobre su futuro jurídico. El desenlace de la discusión dependerá ahora de un voto adicional que definirá si la iniciativa se mantiene vigente o si, por el contrario, es hundida por vicios de trámite.
Según fuentes cercanas a la deliberación, la división en la Corte se dio luego de que los magistrados evaluaran si los errores procedimentales advertidos durante el trámite legislativo habían sido corregidos de forma adecuada. La división exacta entre quienes consideran que los vicios persisten y quienes creen que fueron superados llevó a activar el mecanismo de conjueces, previsto para resolver empates en asuntos de alta relevancia constitucional.
Cómo se dividió la votación en la Corte
De acuerdo con las mismas fuentes, los magistrados que votaron por hundir la reforma pensional fueron Jorge Enrique Ibáñez —ponente de la demanda—, Lina Escobar, Paola Meneses (vicepresidenta de la Corte) y el recién posesionado Carlos Camargo Assis.
Para este grupo, los vicios de trámite detectados en la aprobación del proyecto no fueron corregidos debidamente por la Cámara de Representantes, lo que a su juicio obliga a tumbar la iniciativa tal como está radicada.
En contraste, los magistrados Vladimir Fernández, Natalia Ángel, Miguel Polo Rosero y Juan Carlos Cortés González respaldaron la continuidad del proyecto. Según estas posturas, las fallas procedimentales sí fueron subsanadas y no representaban una causal suficiente para invalidar el trámite legislativo.
Este empate, que deja en suspenso a uno de los proyectos más discutidos del actual Gobierno, derivó en el llamado inmediato a conjueces, tal como lo ordena la ley en situaciones de paridad.
Quién es el conjuez que decidirá el futuro de la reforma
Tras realizar el sorteo correspondiente entre los conjueces disponibles de la Corte, el resultado designó a Carlos Pablo Márquez Escobar como el responsable de desempatar la decisión. Su voto será definitivo para definir si la reforma pensional se salva o se hunde en el alto tribunal.
Márquez Escobar es abogado de la Universidad Javeriana, institución en la que también obtuvo una maestría en economía. Posteriormente realizó una segunda maestría en derecho en la Escuela de Derecho de Harvard y completó un doctorado en derecho en la Universidad de Oxford.
Según información disponible en fuentes públicas, Pablo Márquez fue superintendente delegado para la Protección de la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, desempeñó un papel destacado como regulador de comunicaciones en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), cargo que le otorgó experiencia en análisis regulatorio y estructuras normativas complejas.
Su trayectoria académica y profesional aumenta la expectativa sobre el enfoque que podría adoptar para estudiar el expediente de la reforma pensional, cuyo análisis constitucional requiere examinar los detalles del trámite legislativo y la validez de los ajustes realizados por el Congreso.
Qué ocurre ahora en la Corte Constitucional
Con el sorteo realizado, la Corte Constitucional deberá notificar formalmente al conjuez Márquez Escobar su designación. Una vez reciba la comunicación oficial, tendrá que manifestar si acepta el encargo. De aceptar, comenzará la etapa de estudio del caso, lo que incluye revisar los argumentos de ambas posturas dentro de la Sala Plena y evaluar los elementos jurídicos que sustentan la demanda contra el proyecto.
El futuro de la reforma pensional depende ahora exclusivamente de ese voto adicional. La decisión no solo definirá si el proyecto continúa vigente, sino que también marcará un precedente sobre la rigurosidad exigida al Congreso en la corrección de vicios de trámite en reformas estructurales.
El país permanece a la espera de una decisión que podría influir directamente en el sistema pensional, en la política social y en la agenda legislativa del Gobierno. ¿Confirmará el conjuez que los vicios fueron insubsanables o avalará el trámite realizado por la Cámara de Representantes?
