El debate sobre el modelo laboral volvió a tensar el escenario político y social en Argentina tras el ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que propone una modificación profunda de las reglas del empleo formal, activó un inmediato rechazo de sindicatos, centrales obreras y sectores de la oposición, que advierten retrocesos en derechos históricos.
Entre los puntos que más controversia generaron se encuentran la habilitación del pago de salario “en especie” y la implementación de un banco de horas, mecanismos que, según los críticos, alteran el equilibrio entre empleadores y trabajadores y flexibilizan límites que hasta ahora estaban regulados.
El proyecto establece que el salario debe pagarse en dinero, pero admite otras modalidades, incluida la especie. Para las organizaciones sindicales, esta redacción abre la puerta a que parte del ingreso sea cubierto con bienes o servicios sin un tope claro, lo que revive esquemas del pasado. El abogado laboralista y diputado Sergio Eduardo Capozzi calificó esta figura como un “retroceso”, al señalar que podría reinstalar prácticas similares a los antiguos tickets canasta. Desde el oficialismo, en cambio, se aclara que los beneficios sociales no remunerativos quedan diferenciados del salario propiamente dicho.
Otro eje de discusión es el banco de horas, que permitiría compensar jornadas extensas con descansos posteriores, siempre que se respete el promedio semanal y los descansos mínimos legales. Sindicatos y oposición advierten que este esquema podría derivar en jornadas de hasta 12 horas, con riesgos para el control efectivo de las horas trabajadas y el descanso real.
Las críticas no se limitan a estos artículos. El proyecto también introduce cambios en indemnizaciones por despido, convenios colectivos, aportes patronales y el ejercicio del derecho a la huelga, lo que llevó a las centrales obreras a calificar la reforma como “regresiva y precarizadora”. La CGT, junto con las dos CTA, anunció movilizaciones y un estado de “alerta permanente” para frenar el avance legislativo.
Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para reducir la informalidad laboral y estimular el empleo registrado, el conflicto se trasladó a las calles y al Congreso. Allí se definirá, artículo por artículo, el futuro de una iniciativa que avanza bajo fuerte presión social y una vigilancia constante de los sectores sindicales y políticos que la rechazan.
