El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado ante el Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad de reactivar el mecanismo del fast track, un proceso legislativo especial que permitiría acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Esta herramienta, introducida por el acto legislativo 01 de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue esencial en su momento para aprobar rápidamente leyes cruciales para la paz.
El fast track, formalmente conocido como «Procedimiento Legislativo Especial para la Paz», se diseñó para priorizar y agilizar los proyectos de ley relacionados con la implementación del acuerdo de paz en el Congreso. Inicialmente, tuvo una duración de seis meses, extendiéndose por otros seis meses en mayo de 2017. Este mecanismo reducía el número de debates en el Congreso, permitiendo una tramitación más rápida de leyes y reformas constitucionales necesarias para la paz.
Bajo este procedimiento, los proyectos de ley urgentes se gestionaban de manera más expedita mediante debates conjuntos y paralelos en las comisiones y sesiones plenarias. Para las reformas constitucionales, el número de debates necesarios se reducía de ocho a cuatro. Además, cualquier modificación a los proyectos de ley debía ser acordada con el gobierno antes de la fase de debate, limitando las discusiones detalladas y permitiendo votaciones en bloque.
En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gustavo Petro destacó la importancia de un acuerdo nacional para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Entre los temas a ser tratados con agilidad mediante el fast track se incluyen la modificación de normas de vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, con el objetivo de fomentar la inversión en territorios específicos.
Petro también propone cambiar la distribución del sistema general de participaciones para priorizar municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Otro punto relevante es la excarcelación de campesinos productores de coca, argumentando que “es un simple vegetal que ha sido criminalizado”, así como la optimización de nuevas inversiones, como el Plan Marshall, destinado a áreas de cultivo de hoja de coca.
Además, la iniciativa contempla la creación de una figura de conversión de concesión hereditaria y familiar en zonas selváticas, una reforma agraria para realizar una “compra administrativa exprés de la tierra”, y la creación de un sistema único de verdad, justicia y reparación para todos los actores del conflicto, incluyendo paramilitares, militares, guerrilleros, civiles y organizaciones de narcotráfico. También se busca extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años más, permitiendo una ejecución más efectiva de las medidas acordadas.
Sin embargo, la propuesta de Petro ha generado una serie de críticas, con algunos sectores acusándolo de intentar imponer una dictadura en el país. La senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó en su cuenta de X: “Esto es un Golpe de Estado. Es la propia dictadura del Régimen”.
