La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión temporal del concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, tras haber lanzado expresiones ofensivas contra varios agentes de la Policía Nacional durante un altercado ocurrido en el municipio de Zipaquirá. En un video difundido ampliamente en redes sociales, el cabildante llama “perros” y “gamines” a los uniformados, lo que desató una fuerte ola de rechazo por parte de la ciudadanía y de las autoridades. Según el comunicado oficial del Ministerio Público, la sanción busca garantizar el respeto institucional y la conducta ejemplar de los funcionarios públicos, especialmente de aquellos que ejercen cargos de elección popular. El fallo, sin embargo, es apelable, por lo que Forero podrá continuar en su cargo mientras se resuelve el proceso en segunda instancia.
El origen del caso y las declaraciones que provocaron la sanción
El hecho que llevó a la sanción ocurrió durante un procedimiento policial en el que Julián Forero, en aparente estado de alteración, increpó a varios agentes y los insultó públicamente. Las grabaciones del momento fueron compartidas en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde el comportamiento del concejal generó indignación entre los usuarios y fue calificado como un acto de irrespeto hacia la fuerza pública. La Procuraduría Provincial de Cundinamarca inició una investigación disciplinaria de oficio al considerar que las expresiones del concejal vulneraban los principios de respeto, decoro y moralidad pública. De acuerdo con el fallo, las declaraciones no solo afectaron la imagen de la Policía Nacional, sino que además comprometieron la dignidad del cargo que Forero representa dentro del Concejo Municipal de Zipaquirá. El ente de control recordó que los servidores públicos deben mantener una conducta intachable tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida personal, dado que representan el ejemplo ante la comunidad.
Reacción institucional y defensa del concejal
Tras conocerse la decisión, la Policía Nacional emitió un comunicado expresando su respaldo a la medida disciplinaria, argumentando que “los uniformados merecen respeto y reconocimiento por su labor al servicio del país”. Desde la institución también se reiteró el llamado a los servidores públicos para que promuevan el diálogo y la convivencia pacífica. Por su parte, el concejal Julián Forero no negó la autenticidad del video, pero aseguró que su reacción fue producto de un “momento de tensión” y pidió disculpas si sus palabras causaron ofensa. Su defensa jurídica ha anunciado que apelará el fallo ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Disciplinarios, argumentando que la sanción resulta desproporcionada y que el acto fue un exabrupto sin intención de menospreciar a la institución policial. Mientras tanto, varios sectores del municipio han solicitado que se mantenga la sanción como ejemplo de que el irrespeto a la autoridad no debe tener cabida en la función pública.
¿Qué implica la suspensión y qué puede ocurrir ahora?
La sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación consiste en una suspensión provisional del cargo, cuyo periodo exacto se determinará una vez se confirme el fallo en segunda instancia. Durante este tiempo, el concejal no podrá ejercer sus funciones ni recibir remuneración alguna, aunque podrá continuar en el cargo de manera formal mientras se resuelve la apelación. Este tipo de sanciones son frecuentes en casos donde los funcionarios incurren en comportamientos contrarios al Código Disciplinario Único, el cual establece que los servidores públicos deben actuar con decoro, respeto y prudencia, evitando conductas que comprometan la confianza de la ciudadanía. De ratificarse la decisión, Forero podría enfrentar no solo la suspensión definitiva, sino también una eventual inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos. La Procuraduría reiteró que su labor no busca castigar opiniones personales, sino garantizar el respeto hacia las instituciones del Estado y la convivencia democrática. El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en los funcionarios públicos y la responsabilidad ética que deben mantener quienes representan a la comunidad. ¿Podrá esta decisión sentar un precedente para reforzar la cultura del respeto entre autoridades y ciudadanos?
