Un nuevo escándalo sacude a la petrolera estatal. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por el controversial otrosí firmado por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling, en el marco de un contrato de consultoría que inicialmente tenía como objetivo evaluar riesgos reputacionales para la compañía.
El documento adicional, firmado de forma sorpresiva el 31 de diciembre de 2024, incrementó el valor del contrato de 875 mil dólares a más de 5.8 millones de dólares, lo que encendió las alarmas al interior de la junta directiva y en los entes de control del país.
Un contrato que se multiplicó sin mayor explicación
La decisión de aumentar más de seis veces el valor del contrato con Covington fue suscrita por Alberto José Vergara, director corporativo de Ecopetrol, y ha sido catalogada como “grave y abusiva” por el presidente de la junta directiva, Guillermo García Realpe, quien aseguró en entrevista con La W que el acuerdo fue suspendido apenas se conocieron los detalles de su contenido.
El contrato tenía como propósito original analizar la posible afectación a la imagen de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en medio de las investigaciones que enfrenta por diversos asuntos administrativos. Sin embargo, las modificaciones introducidas por el otrosí abren la puerta a cuestionamientos sobre su verdadero uso y alcance.
Inspección y recolección de pruebas en Ecopetrol
La Procuraduría no tardó en reaccionar. Como primera medida, ordenó una inspección a las instalaciones de Ecopetrol para recopilar copias del contrato original, sus modificaciones, anexos y documentos relacionados. Además, se exigió un informe ejecutivo que detalle la ejecución del contrato hasta la fecha y los memorandos elaborados por la Dirección Corporativa de Cumplimiento durante el último trimestre de 2024.
Dentro del material a recaudar también se incluyen documentos relacionados con la actuación de Alberto José Vergara, quien firmó el polémico otrosí. El ente de control busca establecer si hubo irregularidades o una eventual extralimitación de funciones en la firma del documento que encareció considerablemente el contrato original.
Posible uso indebido del contrato para interceptaciones
El escándalo toma mayor dimensión tras revelarse que Ecopetrol habría ordenado la interceptación de comunicaciones internas, incluidos correos, llamadas y archivos digitales de al menos 70 funcionarios de la compañía y sus filiales, mediante un memorando confidencial. El documento habría sido impulsado por Vergara y ejecutado por la vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, liderada por Luis Felipe Rivera.
La Procuraduría exigió el acceso al correo institucional y almacenamiento en la nube de Rivera y otros miembros de su dependencia, con el fin de verificar si las interceptaciones estaban justificadas por razones estrictamente laborales, o si el contrato con Covington fue instrumentalizado como estrategia para intervenir comunicaciones privadas.
“El objetivo es establecer si el contrato de consultoría celebrado con la firma Covington & Burling LLP fue utilizado como medio o estrategia para interceptar comunicaciones privadas a funcionarios de la entidad”, advierte el ministerio público.
Junta directiva admite desconocer el otrosí
El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, reveló que el documento fue firmado sin conocimiento del órgano rector de la empresa. Según sus declaraciones, fue apenas un mes después de suscrito que se conoció el contenido del otrosí, el cual fue calificado como “un abuso de la función pública” y fue suspendido de inmediato.
Este episodio se suma a la creciente tensión interna en Ecopetrol, donde se teme que la operación de la empresa esté siendo utilizada para encubrir intereses particulares. Mientras tanto, la acción disciplinaria de la Procuraduría sigue su curso y se esperan decisiones de fondo que puedan aclarar la legalidad y finalidad del contrato con la firma internacional.
