La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, con el objetivo de establecer si incurrió en un presunto conflicto de interés tras la adquisición de un apartamento de lujo al empresario petrolero Serafino Iacono. El ente de control busca determinar si se configuraron conductas que comprometan la ética en el ejercicio del cargo, especialmente considerando los vínculos contractuales posteriores entre Ecopetrol y empresas asociadas a Iacono.
El negocio de compraventa se concretó antes de que Roa asumiera formalmente la presidencia de la petrolera estatal, pero cuando ya era considerado como un fuerte candidato a ocupar el cargo. Lo que ha encendido las alertas es que el inmueble habría sido vendido por un valor inferior al del mercado, según se señala en la queja que dio origen al proceso disciplinario.
Empresas vinculadas bajo lupa
El componente más delicado del caso tiene que ver con las relaciones comerciales actuales entre Ecopetrol y firmas con nexos con Iacono, como Princeton International Holding, Lewis Energy y LNG Energy International. Estas compañías habrían firmado contratos con Ecopetrol o sus filiales durante la administración de Ricardo Roa, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y posibles beneficios indebidos.
La Procuraduría dispuso además una compulsa interna hacia las delegadas para contratación, con el fin de revisar si existen más elementos que justifiquen abrir acciones disciplinarias adicionales. Según el documento oficial, “estando debidamente identificado por sus nombres e individualizado por su cargo el presunto autor de la falta”, se procederá a la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.
Entre las pruebas ordenadas figura la solicitud a Ecopetrol de informar si su actual presidente ha rendido de manera completa la declaración de conflictos de interés en los años en que ha estado en funciones. También se pidió remitir copia de los contratos celebrados desde 2022 hasta la fecha con las empresas mencionadas, en caso de existir.
Transparencia en entredicho
La apertura de esta investigación tiene implicaciones directas para la imagen y credibilidad de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. Aunque la compraventa del inmueble ocurrió antes de que Roa asumiera el cargo, los posibles beneficios posteriores y la existencia de negocios con empresas relacionadas al vendedor abren un debate sobre la ética pública y la transparencia en la gestión de recursos del Estado.
El caso también pone en la mira la relación entre funcionarios de alto nivel y empresarios con intereses contractuales, una dinámica que ha sido históricamente sensible en Colombia. De comprobarse irregularidades, la Procuraduría podría imponer sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Por ahora, Ricardo Roa continúa en su cargo mientras se desarrolla la investigación. La expectativa gira en torno a los resultados de la recolección de pruebas y las explicaciones que pueda ofrecer el directivo sobre su relación con Iacono y las empresas involucradas.
