La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el congresista David Racero Mayorga y el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, por posibles hechos de tráfico de influencias y manipulación política en la contratación de funcionarios. La medida responde a denuncias que apuntan a una estrategia presuntamente concertada entre ambos para beneficiar políticamente al partido de Racero mediante la incorporación de aliados en cargos dentro del SENA.
Las acusaciones, respaldadas por audios y mensajes, sugieren que se habría acordado cómo vincular a miembros del partido político de Racero en la entidad, con la supuesta participación de un familiar del congresista, lo que podría haber desplazado a empleados actuales vinculados a otros partidos. El proceso disciplinario tiene como objetivo verificar si se configuró una conducta irregular y si existieron causas eximentes de responsabilidad.
Audios, familiares y un concurso en entredicho
En el centro de esta investigación se encuentran conversaciones grabadas en las que David Racero y Jorge Londoño discutirían detalles para influenciar nombramientos dentro del SENA. Según lo revelado, se estaría evaluando incluso la posibilidad de un concurso amañado, lo que implica una grave vulneración al principio de mérito en la administración pública.
La Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría no solo investigará estas conversaciones, sino que también verificará si un familiar directo del congresista gestionó cargos a su favor dentro de la entidad. De confirmarse, esto afectaría directamente los derechos laborales de funcionarios previamente designados, y vulneraría la equidad en la distribución de cargos públicos.
Asimismo, se cuestiona si estos nombramientos fueron diseñados con el propósito de reforzar cuotas políticas en detrimento del mérito profesional, una práctica que contraviene los principios de transparencia y legalidad que deben regir en las entidades del Estado.
Pruebas solicitadas a entidades clave
Como parte de la actuación disciplinaria, la Procuraduría ha ordenado una serie de requerimientos a instituciones clave como la Cámara de Representantes, el SENA regional Cesar y la Corte Suprema de Justicia, con el fin de recolectar elementos probatorios que permitan esclarecer los hechos.
A la Dirección Regional del SENA en Cesar se le solicitó confirmar si en el último año se han recibido visitas de José Luis Mayorca, familiar del congresista, detallando fechas, horarios, personas que lo atendieron y el propósito de dichas reuniones. También se deberá informar sobre los concursos realizados para proveer cargos, especificando la responsabilidad de su organización y supervisión.
A la Cámara de Representantes, la Procuraduría pidió copia del acta de posesión de David Racero para el periodo 2022-2026, junto con una certificación de sus tiempos de servicio y asignación salarial, elementos clave para establecer su vinculación activa durante el periodo de los hechos denunciados.
En paralelo, se consultó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema si existen investigaciones abiertas relacionadas con esta situación. En caso afirmativo, se solicitará autorización para acceder a los expedientes y trasladar las pruebas pertinentes al proceso disciplinario en curso.
¿Se consolidará una red de favores políticos en el SENA?
El caso ha encendido las alarmas sobre un posible uso indebido del poder político para interferir en procesos de selección en entidades estatales, lo cual pone en jaque la credibilidad institucional. Más allá de la actuación disciplinaria, este escándalo abre el debate sobre la politización del empleo público en Colombia, una práctica que debilita la confianza ciudadana en la meritocracia.
Aunque hasta el momento no se ha establecido responsabilidad alguna, la Procuraduría avanza con una estrategia clara: establecer si hubo o no un acuerdo irregular y, en caso afirmativo, proceder con las sanciones correspondientes. El resultado de esta indagación no solo afectará las carreras de los implicados, sino que podría marcar un precedente en la lucha contra el clientelismo político.
