La noche del viernes 6 de junio de 2025, a las 8:00 p.m., se convirtió en un episodio de alarma para la seguridad institucional en la capital del país. Un ataque armado en Chapinero, al nororiente de Bogotá, tuvo como blanco el vehículo oficial del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Iván Osuna Patiño. Aunque el funcionario no se encontraba dentro del vehículo al momento de los hechos, su conductor resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a la clínica El Lago, donde permanece en recuperación.
El tiroteo, ocurrido en un sector habitualmente concurrido, provocó un despliegue inmediato de las autoridades y reavivó la discusión sobre la seguridad en Bogotá para funcionarios de alto perfil. En un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación confirmó la gravedad del incidente y llamó a una investigación urgente para esclarecer lo sucedido.
Tiroteo involucró patrullas policiales y agresores no identificados
Según el informe preliminar difundido por la Procuraduría, en el lugar del tiroteo en Bogotá participaron escoltas del procurador, una patrulla de Policía que realizaba una operación de rutina y varios atacantes aún no identificados. Esta combinación de elementos abre interrogantes sobre la coordinación y la posible infiltración de actores armados en zonas urbanas sensibles.
Después del ataque, el vehículo en el que se desplazaba el conductor de Osuna avanzó varias cuadras hacia el norte de la ciudad, en un intento por alejarse del peligro, mientras los escoltas se desplegaban en una persecución. Como resultado de estas acciones, ya se encuentran dos personas capturadas y bajo custodia, a la espera de que se determine su vinculación con los hechos.
El procurador Osuna, contactado desde su residencia, aseguró que se encuentra bien y que fue él mismo quien dio aviso a la Policía. También reiteró que no estaba presente en el automóvil al momento del ataque, información que reduce la probabilidad de que se trate de un atentado directo, aunque no descarta esa posibilidad.
Néstor Osuna pide esclarecer los hechos y reitera su llamado a la paz
Néstor Iván Osuna Patiño es un reconocido jurista colombiano, egresado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Fue ministro de Justicia y del Derecho entre 2022 y 2024, bajo el gobierno de Gustavo Petro, y actualmente se desempeña como procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, un cargo clave dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación.
Ante la gravedad del ataque, Osuna solicitó a las autoridades investigar con celeridad si el incidente corresponde a un intento de atentado contra su integridad o si se trató de una confrontación ajena con implicaciones colaterales. Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje público donde reafirmó su compromiso con la defensa del diálogo como camino para consolidar la paz en el país. “Es urgente construir consensos entre todos los actores armados”, expresó el funcionario, señalando la necesidad de proteger a quienes trabajan por los derechos humanos.
Desde la Procuraduría se enfatizó que este ataque no puede verse como un hecho aislado, ya que se suma a una serie de eventos violentos que han puesto en riesgo la vida de funcionarios públicos y defensores de derechos humanos en distintas regiones de Colombia. La entidad también subrayó la importancia de reforzar las medidas de seguridad para sus miembros, especialmente aquellos que tienen como misión velar por la protección de las garantías fundamentales.
¿Qué sigue en la investigación y cómo afecta la seguridad institucional?
La investigación del ataque armado en Chapinero continúa bajo la supervisión de la Fiscalía y con apoyo de la Policía Nacional. El análisis forense de las cámaras de seguridad de la zona, junto con los testimonios de los escoltas y las primeras declaraciones de los capturados, serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.
Este suceso no solo ha encendido las alarmas en los organismos de control, sino que también ha dejado al descubierto la vulnerabilidad en los esquemas de protección de funcionarios de alto nivel, incluso en áreas consideradas seguras como el norte de Bogotá. ¿Están las instituciones preparadas para responder a esta nueva ola de violencia urbana? La pregunta queda abierta mientras se esperan avances en las pesquisas.
