La Procuraduría avanzó en el proceso disciplinario que involucra al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, tras decretar una serie de pruebas dentro de la decisión que los suspendió provisionalmente. El ente de control ordenó la recolección de nuevas declaraciones y documentos con el fin de esclarecer los hechos relacionados con los supuestos contactos del general con disidencias de las Farc, un caso que ha generado impacto institucional y político.
Según lo establecido, la Procuraduría convocó a los exministros del gobierno Duque, Daniel Palacios y Diego Molano, quienes deberán aportar información relevante que permita aclarar cuál fue su conocimiento sobre el oficial durante su paso por la institución. Para el órgano de control, sus testimonios pueden resultar determinantes, dado que habrían recibido alertas provenientes de agencias internacionales, entre ellas la CIA, acerca de presuntas relaciones del general Huertas con grupos armados ilegales.
Declaraciones de exministros y antecedentes del caso
De acuerdo con las investigaciones, las advertencias internacionales habrían influido en la salida del general Huertas de la institución durante el gobierno anterior, antes de su posterior reintegro en la actual administración. Por este motivo, la Procuraduría busca establecer si existieron comunicaciones oficiales, reportes de inteligencia o cualquier documento que permita confirmar el alcance de la información que manejaron los exministros en su momento.
El ente de control también dispuso nuevas prácticas probatorias adicionales. Entre estas se encuentra la solicitud de soportes sobre los requisitos del cargo de director de inteligencia de la DNI, en el caso de Wilmar Mejía. La revisión de estos documentos pretende precisar si su designación cumplió con los parámetros exigidos y si existieron factores externos que influyeran en su nombramiento.
Otra de las pruebas decretadas involucra a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deberá informar si en algún momento el general Huertas o Wilmar Mejía fueron designados oficialmente como interlocutores con las disidencias de las Farc. Esta verificación es clave para determinar si existieron contactos institucionales autorizados o si las comunicaciones reportadas se dieron por fuera de los canales formales establecidos por el Estado.
Además, el Ministerio Público informó a los disciplinados que podrían obtener beneficios en caso de confesión, una posibilidad prevista dentro del proceso y que busca facilitar el esclarecimiento rápido de los hechos bajo investigación.
Razones de la suspensión provisional
La Procuraduría explicó que la decisión de suspender a Wilmar Mejía y al general Huertas por tres meses se adoptó con el objetivo de evitar una posible reincidencia en la conducta investigada, sin que ello implique prejuzgamiento. El órgano de control señaló que la permanencia de ambos funcionarios en sus cargos representaba un riesgo para el avance de la investigación disciplinaria.
De acuerdo con la resolución, “existen serios elementos de juicio para considerar que podrían utilizar las potestades que sus empleos les concede, para intervenir en el desarrollo de este proceso, de los procesos penales que se adelanten por estas mismas razones y para continuar y reiterar el patrón de conducta que se ha denunciado”. Para la Procuraduría, la capacidad de influencia de ambos servidores en los altos niveles del Ejército Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia constituye un factor determinante para asegurar su separación temporal de los cargos.
El Ministerio Público advirtió que la posición jerárquica de los investigados podría permitirles el acceso a información privilegiada, la cual podría ser utilizada para interferir en el curso de la investigación. En ese sentido, la suspensión responde a la necesidad de impedir cualquier tipo de incidencia que afecte la recolección de pruebas o el testimonio de posibles testigos.
Alcances de las medidas adoptadas por el ente de control
La suspensión y la nueva fase probatoria buscan garantizar la transparencia del proceso disciplinario y permitir que los hechos sean examinados con independencia. Las declaraciones de los exministros Palacios y Molano se perfilan como elementos clave para establecer si existieron alertas externas sobre la conducta del general Huertas y si estas fueron tenidas en cuenta en decisiones previas dentro del Gobierno.
Asimismo, la solicitud de información a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz apunta a determinar el contexto en el que se habrían dado los contactos mencionados en la investigación. La verificación de los requisitos del cargo de director de inteligencia permitirá establecer si la designación de Mejía se ajustó a los lineamientos legales.
El proceso continúa en etapa de revisión y se mantiene bajo estricta reserva. Las decisiones adoptadas reflejan la intención de la Procuraduría de evitar cualquier interferencia interna y de garantizar que los resultados finales respondan a los principios de imparcialidad y rigor disciplinario.
