Posibles irregularidades en el convenio interadministrativo para la construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barrios de la ciudad de Armenia, llevaron a la Procuraduría General de la Nación a solicitar a la Alcaldía y a Empresas Públicas de Armenia (EPA-ESP) realizar los ajustes necesarios para evitar posibles nulidades.
En sus acciones preventivas, el ente de control alertó una posible transgresión de la Ley 489 de 1998, que regula el servicio de la función administrativa, en atención a que, dadas las obligaciones a desarrollar y la cuantía de las obras, la contratación derivada tendría que adelantarse bajo las modalidades de selección ordinarias del municipio de Armenia.
La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública advirtió que dentro del convenio no se habría adoptado una verificación adecuada de los precios del mercado, comprometiendo la estructuración financiera, circunstancia que podría poner en riesgo el patrimonio público, ya que el valor del convenio asciende a $ 54.757.565.057.
Respecto de la contratación derivada, el organismo de control señaló que es necesario ajustar las reglas de participación de las invitaciones públicas al marco normativo aplicable, especialmente considerando que la EPA-ESP no utilizó los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
En atención a las circunstancias advertidas, se solicitó a la entidad analizar en detalle las medidas que debe adoptar frente al convenio interadministrativo No. 2025-002 y su adecuación para prevenir los escenarios de posible nulidad absoluta, tanto del negocio jurídico principal como de la contratación derivada.
