La decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir un juicio disciplinario contra el exalcalde Daniel Quintero Calle reabre un debate crucial en Medellín: la manera en que se gestionó el uso del suelo durante su administración y el alcance real de su potestad reglamentaria frente al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El proceso se centra en el decreto 412 de 2023, con el cual la Alcaldía habría modificado disposiciones claves para intervenir el sector Parque Ambiental Valle del Software – Aguas Vivas, un área catalogada parcialmente como suelo de protección.
Para la Procuraduría, las decisiones adoptadas bajo este decreto no solo contravenían lineamientos técnicos del POT, sino que también habrían permitido actividades y transformaciones urbanísticas prohibidas por el marco normativo. El caso adquiere especial relevancia porque el Valle del Software fue uno de los proyectos más publicitados de la administración, con la promesa de convertir la innovación tecnológica en un motor de desarrollo urbano.
Alcances del decreto 412 de 2023 y presunta extralimitación
De acuerdo con el órgano de control, el decreto firmado por Quintero incorporó usos del suelo, alturas e índices de ocupación que el POT no permite en áreas destinadas a ser espacio público proyectado. La Procuraduría sostiene que, al habilitar intervenciones urbanísticas en zonas clasificadas como suelo de protección, la administración habría excedido sus funciones reglamentarias y asumido competencias exclusivas del Concejo Distrital.
El análisis técnico señala que el contenido del decreto autorizó actividades prohibidas en el tratamiento urbanístico del Ecoparque Las Palmas, regulado por el Acuerdo 48 de 2014. Según la Procuraduría, al ajustar normas sustantivas sobre los usos permitidos, la administración no se limitó a reglamentar sino que modificó el alcance del POT, algo que solo puede hacerse mediante un acuerdo municipal. Esta interpretación sustenta la presunta falta disciplinaria que ahora se investiga.
Funcionarios implicados y presuntas irregularidades internas
El proceso disciplinario también incluye a la exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación, Jasblleidy Pirazán García; al exsecretario de Desarrollo Económico, Mauricio Valencia Escobar; al exsecretario de Educación, Juan David Agudelo Restrepo; al exsecretario de Innovación Digital, Rivier Hernando Gómez Cuevas; y al exsecretario General, Fabio Andrés García Trujillo.
Según la Procuraduría, estos exfuncionarios participaron en la elaboración, revisión y expedición del decreto, y habrían respaldado decisiones que favorecían la intervención de predios públicos y privados en zonas de protección. La entidad asegura que la administración, al incluir artículos específicos que habilitaban construcciones y equipamientos, actuó con dolo al asumir competencias urbanísticas que no le correspondían. Esta calificación, la más grave en el régimen disciplinario, eleva las consecuencias potenciales para todos los investigados.
Qué viene ahora en el proceso disciplinario
Con la apertura formal del juicio, los exfuncionarios tendrán la oportunidad de controvertir las pruebas, presentar argumentos y solicitar testimonios que respalden su actuación. El proceso suele avanzar por etapas en las que la Procuraduría evalúa tanto la legalidad de los actos administrativos como la conducta individual de los responsables.
Las posibles sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad que el organismo determine. Más allá del resultado, el caso deja preguntas de fondo sobre cómo garantizar que proyectos estratégicos no desborden los límites del ordenamiento territorial y qué controles deben fortalecerse para asegurar que la planificación urbana responda a criterios técnicos y no a decisiones improvisadas. ¿Dejará este proceso un precedente para futuras administraciones en Medellín?
