El Presupuesto General de la Nación para 2025, pieza clave para la política fiscal del gobierno del presidente Gustavo Petro, no logró ser aprobado este 24 de septiembre en el Congreso. La falta de consenso entre las comisiones económicas y la ausencia de quórum impidió que se llevara a cabo el debate, generando un panorama incierto sobre la financiación del Estado en el próximo año. Ahora, el Gobierno Nacional podría verse obligado a expedir el presupuesto por decreto, tal como lo ha señalado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Un debate estancado y la falta de quórum
El Presupuesto General de la Nación, cuyo monto se propuso en $523 billones, tenía plazo hasta la medianoche del 24 de septiembre para ser aprobado. Sin embargo, las diferencias entre los congresistas, sumadas a la falta de quórum en las comisiones económicas, forzaron la suspensión del debate. Al respecto, el presidente de estas comisiones, José Eliécer Salazar, de la bancada del Partido de la U, criticó la actitud de sus compañeros, señalando que «solo vienen a tirar sus discursos (…) ustedes no querían que hubiese Presupuesto aprobado y querían que el presidente lo aprobara por decreto”.
La falta de acuerdo no solo ha complicado la aprobación del presupuesto, sino que también ha alimentado las tensiones entre el Gobierno y el Congreso. Por un lado, varios congresistas argumentan que el monto solicitado por el gobierno estaba desfinanciado en al menos $12 billones, lo que generaba incertidumbre sobre cómo se cubriría ese déficit. Por otro lado, la Administración Petro ha defendido la necesidad de aprobar este presupuesto para poder implementar sus programas de gobierno, en especial aquellos relacionados con la justicia social y la redistribución de la riqueza.
La postura del Gobierno Nacional
Ante el fracaso en el Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que el Gobierno insistirá en implementar la Ley de Financiamiento, una herramienta clave para asegurar los recursos necesarios. El presupuesto propuesto, de $523 billones, será el que se decrete, a pesar de haber sido rechazado en el Congreso. Esto ha generado especulación sobre cómo procederá el Gobierno para asegurar los recursos necesarios sin un aval legislativo claro.
Además, Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), expresó su descontento, asegurando que el Congreso «le huyó al debate, a las propuestas y al diálogo, como nuestro Gobierno siempre lo ha planteado». López subrayó que el Presupuesto General es esencial para cumplir con los compromisos de desarrollo que ha propuesto el Ejecutivo, y que la falta de aprobación por parte del Congreso representa un obstáculo significativo para dichos planes.
El riesgo de un default artificial
El presidente Gustavo Petro también intervino en la discusión, señalando un problema que podría tener graves consecuencias económicas: la posibilidad de que la comisión interparlamentaria de crédito público no apruebe los pagos de la deuda externa del país. Petro advirtió que la inasistencia de los congresistas podría conducir a un «default artificial», lo que encarecería la deuda y tendría un impacto fiscal incalculable. El mandatario dejó claro que la irresponsabilidad en estos temas podría llevar a consecuencias negativas no solo para el gobierno, sino para toda la economía nacional.
Es importante recordar que este tipo de impases entre el Congreso y el Ejecutivo no son nuevos en la historia política del país. Sin embargo, lo que preocupa en esta ocasión es el contexto actual: una inflación alta, una economía en recuperación tras los efectos de la pandemia, y la necesidad de garantizar estabilidad fiscal para el cumplimiento de los compromisos internacionales. El fracaso en la aprobación del presupuesto, junto con la posibilidad de un default, añade una capa adicional de complejidad al panorama.
La expectativa de lo que sigue
Ahora que el presupuesto no fue aprobado, el Gobierno tiene la facultad de expedirlo por decreto. Esta decisión, aunque legal, es controversial. Algunos sectores consideran que gobernar mediante decretos erosiona la democracia, mientras que otros argumentan que es una medida necesaria cuando el Congreso no cumple con su responsabilidad legislativa.
El reto ahora para la administración de Gustavo Petro será asegurar que el presupuesto aprobado vía decreto pueda satisfacer las necesidades fiscales del país y que cuente con los mecanismos para financiar los programas sociales y de desarrollo que el gobierno ha prometido. La posibilidad de tensiones políticas futuras también está latente, ya que este tipo de acciones suele aumentar las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.
¿Será esta la solución adecuada para el Gobierno, o llevará a más tensiones y bloqueos institucionales en los meses que vienen? La respuesta dependerá de cómo se gestionen las discusiones y las estrategias fiscales en el corto plazo.
