El gobierno de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En su lugar, el país centroamericano le otorgó asilo político, generando reacciones inmediatas en Bogotá.
El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para pronunciarse. Explicó que la decisión de Nicaragua responde a motivos políticos y jurídicos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, aun cuando Colombia había solicitado su entrega para que respondiera ante la justicia.
Los argumentos de Nicaragua para otorgar el asilo
La Constitución Política de Nicaragua y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sirvieron de base para justificar la medida. El gobierno de Daniel Ortega afirmó que González solicitó protección alegando persecución política y que su caso encajaba dentro de los supuestos reconocidos por el derecho internacional.
El comunicado oficial recordó que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”. Con ello, Managua no solo respondió a la solicitud de Colombia, sino que reafirmó su soberanía frente a lo que considera presiones diplomáticas.
Petro y las implicaciones en la lucha anticorrupción
Para Gustavo Petro, la decisión de Nicaragua representa un obstáculo en el proceso judicial contra González, figura clave dentro de la investigación por irregularidades en la contratación pública desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El mandatario había pedido expresamente su extradición, buscando enviar un mensaje de rigor frente a los escándalos de corrupción en Colombia.
Sin embargo, el otorgamiento de asilo plantea un dilema mayor: mientras Colombia insiste en que se trata de un caso de corrupción administrativa, Managua lo interpreta como una persecución política. Esta diferencia de lectura puede tensar aún más las relaciones bilaterales, que en los últimos años ya se han visto afectadas por disputas en el Caribe y por la postura de Ortega en foros internacionales.
¿Qué significa esta decisión para el futuro de la justicia colombiana?
La negativa de Nicaragua abre la puerta a un debate crucial: ¿hasta qué punto el asilo político puede convertirse en refugio para investigados por corrupción? Expertos en derecho internacional recuerdan que, si bien el asilo es una figura reconocida, los casos relacionados con delitos de impacto social, como la corrupción, suelen generar fricciones entre países.
En Colombia, la investigación sobre González continuará, aunque sin la presencia del exfuncionario. Este episodio también alimenta la percepción ciudadana sobre la dificultad del Estado para sancionar a quienes ocupan cargos de poder. ¿Será este un precedente que otros investigados intenten seguir para evadir la justicia?
Metadescripción
Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González y le concedió asilo político, pese a la solicitud de Colombia. Petro cuestiona la decisión y se reabre el debate sobre corrupción y justicia.
