Una nueva controversia sacude a la Cancillería colombiana tras la denuncia realizada por el concejal Daniel Briceño sobre la asignación de viáticos millonarios a la influenciadora Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, quien viajó a China entre el 9 y el 17 de mayo como parte de una comitiva oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según documentos compartidos por Briceño a través de su cuenta en X, los viáticos asignados ascienden a \$10.245.829, sin incluir los costos de tiquetes aéreos. El monto fue destinado a cubrir alojamiento y alimentación durante los nueve días que duró la estadía de la contratista en territorio asiático.
La noticia ha generado amplio rechazo en redes sociales, no solo por el valor del gasto, sino también por el perfil de la contratista, quien ha manifestado públicamente su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lalis ha sido una figura recurrente en redes como defensora de la gestión gubernamental, y ahora su participación en un viaje oficial aviva el debate sobre el uso de recursos públicos en perfiles de comunicación digital.
Una contratista cuestionada por su formación y rol en la Cancillería
Tras la denuncia, la canciller Laura Sarabia defendió públicamente a la influenciadora, destacando que Lalis es comunicadora social con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y resaltando su aporte a los formatos digitales de la entidad. “Me da orgullo que hoy haga parte de mi equipo de prensa digital”, afirmó la funcionaria a través de redes sociales.
Sin embargo, la respuesta no tardó en generar nuevas críticas. El mismo concejal Briceño, como parte de su denuncia, compartió la hoja de vida de la contratista, en la que no aparece registrado el título de posgrado mencionado por la canciller. Hasta el momento, desde la Cancillería no se han entregado mayores aclaraciones sobre el perfil académico y profesional de Lalis.
El hecho ha reavivado la discusión sobre la idoneidad de ciertos contratos en el sector público, especialmente cuando involucran a figuras de redes sociales con afinidad política al Gobierno. La falta de claridad sobre sus funciones específicas en un viaje diplomático, sumado a la falta de documentación que respalde la formación académica destacada por Sarabia, ha encendido las alarmas entre sectores opositores y ciudadanos críticos del manejo presupuestal.
¿Por qué viajó Lalis a China y quién supervisa estos gastos?
Aunque la Cancillería no ha publicado una agenda detallada del viaje ni una justificación oficial sobre la participación de Lalis, la influenciadora compartió imágenes y mensajes en su cuenta de Instagram. En una de sus publicaciones, escribió: “Que experiencia tan linda ha sido China… Trabajo y amor en lo que se hace, con eso siempre se sale adelante”, haciendo alusión a su presencia como parte de una delegación oficial.
Para algunos analistas, la inclusión de influencers como contratistas gubernamentales en viajes oficiales debe cumplir con altos estándares de transparencia y pertinencia. El uso de recursos públicos debe estar sustentado no solo en criterios de impacto comunicacional, sino también en la idoneidad profesional del contratado y en la claridad de los objetivos institucionales.
Este episodio reabre el debate sobre la regulación de contratos en el Estado y la fiscalización del gasto público cuando se trata de figuras visibles en medios digitales. Además, pone el foco sobre la necesidad de verificar credenciales académicas y experiencia laboral antes de otorgar responsabilidades oficiales en el extranjero.
¿Cómo evitar que casos como este afecten la confianza en las instituciones?
La denuncia sobre los viáticos a la influenciadora Lalis refleja una preocupación creciente entre la opinión pública: la posible normalización de prácticas contractuales que prioricen afinidades políticas o popularidad en redes por encima del mérito y la transparencia. Aunque el Ministerio ha salido al paso defendiendo la participación de Lalis, la ausencia de claridad sobre su formación y rol en el viaje a China deja abiertas múltiples preguntas.
¿Están las instituciones públicas preparadas para justificar este tipo de contrataciones frente a la ciudadanía? ¿Qué mecanismos de control podrían evitar que se repitan situaciones similares?
