Las revelaciones sobre presuntos contactos entre funcionarios del Gobierno y el contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, abrieron un nuevo frente de controversia política e institucional en el país. Audios conocidos públicamente evidencian reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, y el abogado del señalado delincuente, en las que se habrían abordado posibles escenarios de entrega a la justicia.
Según el material revelado, los encuentros —realizados en Bogotá y Cartagena— incluyeron conversaciones sobre eventuales beneficios judiciales, así como advertencias por parte de la defensa de Marín frente a la información sensible que este tendría sobre actores del Estado. En los registros también se menciona la existencia de varios emisarios que habrían actuado como intermediarios en nombre del Gobierno en acercamientos previos con el contrabandista.
Las grabaciones dan cuenta de que dichos contactos se produjeron antes de que autoridades judiciales tuvieran acceso formal al caso, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles extralimitaciones de funciones dentro de organismos de inteligencia. Incluso, desde la Fiscalía General se advirtió que este tipo de gestiones podrían constituir una usurpación de competencias, al tratarse de asuntos que corresponden exclusivamente a esa entidad.
En los audios también se mencionan nombres de personas que habrían participado como enlaces en los acercamientos, entre ellos exfuncionarios y particulares que, según la versión del abogado de Marín, trasladaban mensajes entre el entorno del contrabandista y sectores cercanos al Ejecutivo. Estas referencias han incrementado la presión política y las exigencias de claridad sobre el alcance real de dichas gestiones.
Tras la divulgación de la investigación, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su oficina de comunicaciones y defendió los contactos, asegurando que tuvieron como único propósito lograr el retorno de Marín al país para que respondiera ante la justicia. No obstante, el mandatario también señaló que algunos agentes de inteligencia habrían incurrido en irregularidades durante estos acercamientos, incluyendo presuntas solicitudes de dinero.
El jefe de Estado, además, cuestionó el papel de la Fiscalía en el proceso, al considerar que decisiones adoptadas dentro de esa entidad limitaron el avance de las investigaciones contra el contrabandista. En ese contexto, planteó la hipótesis de un posible acuerdo entre funcionarios de inteligencia y la Fiscalía para evitar su comparecencia en Colombia, lo que ha intensificado el debate político en torno al caso.
Mientras tanto, crecen los llamados desde distintos sectores para que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Por ahora, la Presidencia indicó que no realizará nuevos pronunciamientos, en medio de un escándalo que sigue generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el institucional.
