Una nueva tensión diplomática surge entre Colombia y Estados Unidos tras la publicación del informe anual sobre lucha contra las drogas emitido por el gobierno estadounidense. El documento criticó la estrategia del gobierno colombiano en esta materia, provocando una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro y del exembajador Armando Benedetti. Ambos dirigentes denunciaron lo que consideran una visión parcial y contradictoria del problema mundial de las drogas, señalando que el mayor consumo de drogas en Estados Unidos es el verdadero motor del narcotráfico.
Desde sus redes sociales, Benedetti calificó el documento como “hipócrita”, afirmando: “El burro hablando de orejas. Allá las drogas reinan. Pero nos quieren señalar a nosotros”. Sus palabras fueron respaldadas por el presidente Petro, quien instó a mirar el problema desde una perspectiva global, centrada en la reducción de la demanda en los países consumidores más que en la represión en los países productores.
Estados Unidos critica; Colombia responde con cifras y contexto
El informe presentado por el Departamento de Estado de EE.UU. destaca una “falta de resultados contundentes” en Colombia frente a la erradicación de cultivos ilícitos y el desmantelamiento de redes criminales. Sin embargo, el gobierno de Petro argumenta que esa crítica omite factores estructurales y geopolíticos esenciales, como el alarmante aumento del consumo de drogas en Estados Unidos, que alimenta el negocio desde la demanda.
Petro subrayó que mientras Colombia trabaja en ofrecer alternativas sostenibles a los campesinos cocaleros, “el problema estructural está en el norte: allá mueren 100.000 personas al año por sobredosis de fentanilo”. El mandatario propone un enfoque más integral que considere la salud pública como eje central de la política antidrogas, en lugar de continuar con una lógica punitiva que ha fracasado por décadas.
La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido su postura, exigiendo una mayor cooperación de parte de Colombia en la interdicción de cargamentos y en la judicialización de organizaciones criminales. No obstante, desde Bogotá se insiste en que esa cooperación no puede estar basada en imposiciones, sino en el reconocimiento mutuo de responsabilidades.
¿Una nueva política antidrogas o un cambio de narrativa?
La discusión no es nueva, pero sí ha cobrado una nueva dimensión con el gobierno de Gustavo Petro, que ha impulsado una política de transformación rural y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Para muchos analistas, esta visión representa un cambio de paradigma respecto a la estrategia promovida durante años por Washington, centrada en la erradicación forzada y el uso del poder militar.
Armando Benedetti, quien se desempeñó como embajador ante EE.UU. durante parte del mandato de Petro, ha sido una de las voces más críticas frente a lo que considera una “doble moral internacional”. En sus declaraciones, recordó que “no se puede combatir el narcotráfico únicamente en la oferta sin tocar la raíz del consumo descontrolado”. Además, resaltó el esfuerzo colombiano por implementar una política de “paz total” que incluya el desmantelamiento de las economías ilegales con herramientas sociales y no solo militares.
En ese contexto, la cancillería colombiana ha iniciado una ronda de diálogos diplomáticos para expresar su inconformidad y recalcar que el país no acepta ser juzgado unilateralmente. Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se busca construir una relación bilateral más simétrica, donde las diferencias puedan discutirse con base en datos, no en presiones.
