Tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Gustavo Petro anunció la derogación del decreto que convocaba una consulta popular. Según el mandatario, ya no es necesaria porque el Congreso, como poder constituido, “obedeció al poder soberano que es el pueblo”.
Con esto, Petro marca el fin de una estrategia de presión institucional, pero inmediatamente redirige su foco político hacia una nueva meta: convocar una asamblea nacional constituyente en las Elecciones 2026.
Petro impulsará papeleta para convocar la constituyente
El jefe de Estado afirmó que en las próximas elecciones se entregará una papeleta para que los ciudadanos decidan si quieren una nueva asamblea nacional constituyente. Su propósito, dice, es fortalecer la democracia y dar al próximo Congreso y gobierno un “mandato imperativo” para construir un estado social de derecho, garantizar justicia social y avanzar hacia la paz.
La propuesta generó fuertes reacciones en redes sociales. Algunos la calificaron como un ataque a la Constitución de 1991. Un usuario escribió: “Petro quiere sepultar la constitución del 91 por pura vanidad”. Frente a las críticas, el presidente aclaró que no busca reemplazar la Carta Magna, sino modificarla para incluir temas ausentes como la crisis climática y mecanismos efectivos de paz territorial.
El antecedente de 1991: el peso histórico de una constituyente
La última asamblea nacional constituyente se realizó en 1991, en medio de una crisis de legitimidad y violencia provocada por el narcotráfico, el conflicto armado y el paramilitarismo. La iniciativa surgió del Movimiento de la Séptima Papeleta, liderado por estudiantes, y recibió respaldo del entonces presidente Virgilio Barco.
El nuevo presidente César Gaviria continuó el proceso. En las elecciones de mayo de 1990, los ciudadanos aprobaron en las urnas la convocatoria. La Asamblea se instaló el 4 de febrero de 1991 y, tras cinco meses de trabajo, dio lugar a la actual Constitución Política de Colombia, promulgada el 4 de julio de ese año.
¿Reforma necesaria o riesgo institucional?
Petro insiste en que no pretende eliminar la Constitución vigente, sino “hacerla realidad”. Plantea eliminar reformas regresivas y ampliar su alcance hacia temas actuales como el medio ambiente. Asegura que su objetivo es aplicar lo que ya está consagrado, no imponer una nueva visión desde el poder.
El anuncio se da en un contexto de polarización política y desconfianza institucional. La propuesta de una nueva constituyente, aunque presentada como un acto democrático, abre el debate sobre su verdadero impacto: ¿fortalecerá el orden constitucional o abrirá la puerta a una reconfiguración del poder?
