El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la obligatoriedad de la atención psicológica gratuita en todos los colegios del país generó reacciones en el Congreso. La directriz, presentada durante el más reciente Consejo de Ministros, establece que tanto instituciones públicas como privadas deberán garantizar este servicio a niños, niñas y adolescentes, financiado con recursos estatales o con las utilidades de los colegios privados.
La medida se enmarca en el contexto de la emergencia económica y responde, según el Gobierno, a la necesidad de atender la actual crisis de salud mental que atraviesa la sociedad colombiana. Petro fue enfático al señalar que la atención psicológica no podrá convertirse en un cobro adicional dentro de la matrícula y deberá prestarse sin costo para las familias.
El mandatario también vinculó la medida con la exigencia de un salario digno para psicólogos que presten estos servicios en el entorno educativo, criticando prácticas que, según dijo, encarecen innecesariamente los procesos y precarizan el trabajo profesional.
La orden presidencial se apoya en la Ley 2460 de 2025, que reconoce la salud mental como un derecho fundamental y promueve el acceso directo a servicios psicológicos en entornos educativos, comunitarios y laborales. En adelante, el Ministerio de Educación deberá definir los lineamientos para su aplicación en todo el país.
