La tensión política en Colombia se intensifica ante la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto presidencial. El documento, que ya estaría listo para la firma del gabinete, prevé llamar a los ciudadanos a las urnas el próximo 7 de agosto, una fecha cargada de simbolismo institucional. La iniciativa ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que la perciben como un acto unilateral del Ejecutivo, generando debates en torno a la legitimidad del mecanismo y su impacto sobre la democracia colombiana.
Desde la noche del viernes, fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que el texto del decreto se encuentra terminado y solo espera el aval formal del equipo ministerial. El presidente Petro ha sido enfático: aquellos ministros del gabinete que se nieguen a firmar serán reemplazados de inmediato. La instrucción fue publicada por el propio mandatario en su cuenta de X, donde señaló: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”.
Las razones detrás del decreto presidencial y la defensa jurídica de Montealegre
La estrategia del Gobierno no surgió de la nada. El presidente Petro ha sustentado su decisión citando una columna escrita por su actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. En ese texto, Montealegre argumenta que la consulta popular Gustavo Petro es viable jurídicamente conforme a la Constitución y a la ley, respaldando la idea de que el Ejecutivo puede utilizar un decreto presidencial en casos donde se haya violado el procedimiento legislativo.
Montealegre afirma que la votación realizada en la plenaria del Senado adolece de tres vicios graves de inconstitucionalidad:
- La votación fue cerrada de forma abrupta, impidiendo la intervención de una senadora que deseaba participar.
- El secretario general del Senado habría modificado el sentido de un voto, cambiándolo de “sí” a “no” sin justificación alguna.
- Se negó la tramitación de una apelación presentada de forma inmediata ante estos hechos.
Sobre esta base, el jurista sostiene que se puede invocar la excepción de inconstitucionalidad para desestimar el acto legislativo y avanzar con la consulta popular mediante decreto. “El poder soberano no se puede acallar en una democracia”, citó Petro al replicar el argumento en redes.
¿Qué pasará si el registrador no acata la orden del presidente?
El próximo paso será ordenar al registrador nacional, Hernán Penagos, que inicie la logística electoral para el 7 de agosto. Según lo anunciado por Montealegre en entrevista con SEMANA, la instrucción se hará efectiva en cuestión de días, alineando así la voluntad del Ejecutivo con la operatividad del sistema electoral colombiano.
No obstante, el escenario no está exento de tensiones institucionales. Montealegre advirtió que si el registrador se niega a cumplir la orden presidencial, el Gobierno podría iniciar acciones penales por el presunto delito de prevaricato. Este anuncio reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial y la independencia de los organismos electorales.
La consulta —cuyo contenido aún no se ha revelado por completo— busca encauzar el proyecto político del presidente Petro, apelando al respaldo directo de los ciudadanos. En un contexto donde el Congreso le ha bloqueado varias reformas estructurales, esta maniobra parece una vía alternativa para legitimar su agenda de transformación.
¿Se tambalea la democracia o se fortalece el poder del pueblo?
Este movimiento presidencial abre una grieta en la institucionalidad. Para algunos analistas, se trata de un paso firme hacia una democracia participativa, en la que el pueblo puede decidir de forma directa sobre asuntos clave. Para otros, es un precedente riesgoso que pone en juego el equilibrio de poderes.
La insistencia del presidente en que sus ministros deben alinearse sin objeciones, y la amenaza de sanciones penales contra quienes no acaten sus órdenes, son vistas como señales preocupantes en una democracia. Sin embargo, Petro insiste en que su única lealtad es hacia el pueblo: “El poder presidencial es poder del pueblo”, reiteró.
En definitiva, el país se encamina hacia un agosto decisivo. Con un decreto ya redactado, un gabinete presionado a firmar y un calendario electoral en espera de activarse, el pulso entre el Ejecutivo y el resto del Estado apenas comienza. ¿Será este el inicio de una nueva etapa de confrontación institucional o una apertura inédita a la participación ciudadana?
